La Comisión de Investigación constituida para esclarecer motivos y depurar responsabilidades en torno a la desaparición de la CAN ha aprobado hoy el dictamen de conclusiones, que será elevado al Pleno del próximo jueves, día 26, para su definitivo debate y votación.

El dictamen, que integra prácticamente en su totalidad las aportaciones de UPN, Socialistas de Navarra, PPN e Izquierda-Ezkerra, incluye el “compromiso de crear una nueva Comisión de Investigación en el siguiente período legislativo”. El acuerdo de retomar los trabajos de averiguación, impulsado por Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, ha prosperado con el respaldo de Socialistas de Navarra, la oposición de UPN y la abstención del PPN.

En lo que a las conclusiones respecta, UPN y Socialistas de Navarra coinciden en que la Comisión de Investigación ha servido para constatar que la transformación de la CAN de entidad de crédito a fundación bancaria es “consecuencia de la reestructuración promovida por la Unión Europea y encauzada por las autoridades estatales conforme a las modificaciones legales aprobadas por las Cortes Generales”.

A decir de ambos, la principal manifestación de esa radical remodelación es que únicamente dos de las 45 Cajas de Ahorro que había en España a principios de 2010 mantienen a día de hoy la condición de entidad de crédito.

UPN y Socialistas convienen también en que, frente a la desaparición de la mayoría de las Fundaciones de las Cajas, la Obra Social de la Fundación CAN no solo se mantiene, sino que “sigue estando entre las más potentes del sector tanto en términos absolutos como en términos per cápita”.

Del mismo modo, UPN y SN contraponen la rentabilidad obtenida por los preferentistas de Caja Navarra (superior al 50%) y Banca Cívica (superior al 60%) y los accionistas en la salida a Bolsa de esta última (17% similar a la de otros Bancos), a lo acontecido en otras entidades financieras cuya “transformación y rescate han supuesto en su conjunto más de 60.000 millones de euros a los ciudadanos”.

A partir de ahí, Socialistas de Navarra se desmarca para, entre otros, censurar la “regulación unilateral” de la Fundación Caja Navarra efectuada por el Gobierno de UPN “desoyendo la voluntad del Parlamento de Navarra”, al considerar que “no es la adecuada en orden a la transparencia, gestión, conservación y promoción del legado de Caja Navarra”.

Por otra parte, SN proclama que el Ejecutivo de UPN “no ha cumplido exhaustiva y eficazmente su labor de supervisión” sobre la CAN, lamenta la "clara falta de voluntad de colaborar que denota la no remisión o remisión parcial” de determinados documentos, y concluye que “la no tramitación de las comparecencias ha impedido examinar las responsabilidades políticas del Gobierno de UPN”. Esta última valoración (se mantiene como voto particular) es la única de sus consideraciones que ha quedado excluida del dictamen, al oponerse UPN, Bildu y Aralar-Nabai. El resto han sido validadas con el voto a favor de UPN, las abstenciones de PPN y no adscritos y los votos en contra de Bildu, Aralar-Nabai e I-E.

Las aportaciones de UPN al dictamen han sido aprobadas íntegramente con las abstenciones de SN y PPN y los votos en contra de Bildu, Aralar-Nabai, I-E y no adscritos.

Las reflexiones vertidas al dictamen por el G.P. PPN comienzan defendiendo el papel del Parlamento, ya que, en cuanto “órgano de legítima representación del pueblo navarro, está obligado a investigar y delimitar responsabilidades políticas en torno a la desaparición de Caja Navarra como entidad financiera”.

En relación a la falta de control del Gobierno sobre la CAN, el PPN se apoya en el último informe de la Cámara de Comptos para confirmar la dejación de funciones del Ejecutivo “en un momento clave que coincidió con el proceso que condujo a la desaparición de la entidad”. Dicha dejación se hace extensiva al Banco de España, que “tampoco ejerció en toda su extensión su labor de alta inspección sobre la actividad financiera de la entidad y a resultas de las inspecciones ejecutadas por el Gobierno de Navarra, inexistentes entre 1982 y 2011”.

En ese contexto, indica que “la falta de autorización del Gobierno de Navarra a la incorporación de Caja Navarra a Banca Cívica, la salida a Bolsa del nuevo grupo y la absorción por Caixa Bank contrasta con la participación del Ejecutivo Foral en la fusión entre la Caja de Ahorros de Navarra y la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona” en el año 2000.

Del mismo modo, se pone de relieve la “nula colaboración de la Fundación Caja Navarra”, se reprueba la “politización” de sus órganos de representación y se atribuye la imposibilidad de ejercer un control eficaz a la “instauración de un sistema de dietas y a la creación un órgano opaco (Comisión Permanente), también vinculado a cargos públicos”.

Finalmente, se tacha de “muy negativa” la gestión del equipo directivo que se hizo cargo de Caja Navarra en 2002, hasta el punto de erigirse en “uno de los elementos decisivos para entender la posterior desaparición de la entidad”.

Las aportaciones del PPN al dictamen han sido aprobadas con el voto en contra de UPN y la abstención de SN. El resto a favor.

El G.P. Izquierda-Ezkerra, por su parte, tiene la “certeza de que con otra gestión y otras decisiones Caja Navarra podría haber sobrevivido a las crisis financieras de 2008 y 2011”. A su juicio, el origen de su desaparición estriba en la “megalomanía de un proyecto faraónico que, creyendo que el ciclo de crecimiento y expansión iba a ser permanente, llevó al abandono del objeto fundacional de la CAN (desarrollo social y económico de Navarra) en un intento de transformar una caja regional en una gran entidad financiera de ámbito estatal e incluso internacional”.

A decir de I-E, las “responsabilidades políticas del Gobierno de Navarra son evidentes, pues sin su conformidad el equipo directivo y gestor de la CAN no podría haber puesto en marcha un proceso de expansión tan irracional”, según se desprende del Informe de Comptos, cuyos datos en relación a los “costes del plan de expansión, prejubilaciones o equipo directivo” tacha de elocuentes.

Por último, I-E manifiesta que la Comisión de Investigación no ha podido cumplir con el objeto para el que se constituyó, en buena parte por la falta de información sobre la Fundación Caja Navarra, Caixa Bank, Banco de Espala o CNMV, a su entender “determinante”.

Las aportaciones de I-E al dictamen han sido aprobadas con el voto en contra de UPN y la abstención de SN. El resto a favor. Sólo se han rechazado las dos últimas líneas (su voluntad de seguir abordando el tema la próxima legislatura), con el voto en contra de UPN y las abstenciones de SN y PPN.

Las aportaciones de Bildu y Aralar-Nabai, por un lado, y las de los no adscritos, por otro, han sido excluidas del dictamen de conclusiones con el voto en contra de UPN y las abstenciones de SN y PPN. Ambas, sin embargo, se mantienen como votos particulares para su debate y votación en Pleno.

En su escrito de conclusiones, Bildu y Aralar-Nabai resaltan la “falta de voluntad” de la Fundación Caja Navarra a la hora de poner a disposición de la Comisión la información de que dispone y, por el contrario, realzan el informe elaborado por la Cámara de Comptos a petición de ambos grupos, por tratarse del “único trabajo de análisis que se ha podido realizar y cuyos resultados han sido relevantes”.

Bildu y Aralar-Nabai imputan al Gobierno de Navarra una “dejación absoluta de su función de inspección y protectorado”, pues, “siendo preceptiva, no consta su autorización  al proceso de fusión y constitución de Banca Cívica. La dejación alcanza a la Junta de Entidades Fundadoras, ya que del análisis de sus actas se desprende que nunca se llegó a realizar valoración, reflexión o debate alguno”.

Así, tras dejar patente que “tampoco se ha podido constatar que las dietas abonadas a los miembros del Gobierno entre 2000 y 2012 por participar en diferentes órganos de la CAN estuvieran justificadas”, se da cuenta de la "enorme pérdida de patrimonio materializada entre 2009 y 2012 (1003,532 millones)" y se achaca a la gestión del equipo directivo, y no a la crisis, “el deterioro y posterior desaparición” de la CAN.

En ese terreno, se alude a gastos infundados (Viálogos, viajes VIP para clientes de CAN, regalos exclusivos a miembros del Consejo de Administración), a operaciones económicas de difícil justificación, con “pérdidas de más de 4.000 millones según las estimaciones internas de Banca Cívica”, y a desembolsos en personal con un “sobrecoste de más de 300 millones entre 2000 y 2012”. Eso sin contar el “expolio registrado en el patrimonio artístico de la entidad, en cuyo inventario, según una auditoría de 2011, faltan 745 piezas”.

Los no adscritos, por su parte, reconocen que no están en disposición de dar una “explicación completa y comprensible de por qué Caja Navarra decidió desaparecer como entidad financiera, ni de por qué su valor patrimonial y el de las acciones que se recibieron a cambio disminuyó en 1.000 millones, casi el 80% de su valor de partida a finales de 2009”.

Los no adscritos arguyen que no han podido acceder a “información crucial”,  imprescindible para desentrañar “qué perdidas obedecen a la entrada en Banca Cívica y qué pérdidas habría que haber asumido de continuar como Caja Navarra. La ciudadanía sigue teniendo pendiente una explicación clara y comprensible acerca de por qué nos quedamos sin Caja y por qué, en ese camino, perdimos 1.000 millones”.

Las conclusiones aprobadas por el Pleno, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas a la Diputación Foral, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

De acuerdo con las normas aprobadas, el objeto de la Comisión será la investigación para determinar cuáles han sido las decisiones tomadas por los responsables, Consejo de Administración y Directivos de Caja de Ahorros y Monte de piedad de Navarra, que han llevado a la situación actual por la que la Comunidad Foral de Navarra ha perdido, de facto, su más importante y necesario instrumento financiero autóctono, así como determinar las responsabilidades políticas dimanadas de todo el proceso y los abusos cometidos.

Las Comisiones de Investigación se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.

La Comisión de Investigación que preside Sergio Sayas (G.P. UPN) está integrada, además, por Carlos García Adanero (G.P. UPN), Santos Cerdán, Juan José Lizarbe (G.P. Socialistas de Navarra), Maiorga Ramirez, Koldo Amezketa (G.P. Bildu), Patxi Zabaleta, Xabi Lasa (G.P. Aralar-Nabai), Ana Beltrán y Amaya Zarranz (G.P. PPN), Txema Mauleón, Marisa de Simón (G.P. Izquierda-Ezkerra) y Manu Ayerdi (no adscrito).