La Comisión de Educación ha aprobado hoy con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y la abstención del PPN, una resolución por la que se insta al Departamento de Educación a que “revise y modifique los criterios y puntuación para la determinación de la condición de minorías socialmente desfavorecidas (MSD) del alumnado escolarizado en centros públicos y privados concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, a fin de corregir los desajustes en su aplicación y garantizar un diagnóstico ajustado a la realidad socioeconómica del alumnado y sus necesidades educativas”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Departamento de Educación a “establecer un procedimiento general externo de control y contraste de las valoraciones del alumnado MSD por parte de los centros escolares públicos y privados concertados, que valide los censos”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se compele al Departamento de Educación a “destinar recursos adicionales (reducción de ratios, dotación de recursos humanos, dotación económica para materiales y actividades especiales y extraescolares, etc.) a los centros escolares cuyo porcentaje de alumnado MSD supere el 25% o presente situaciones excepcionales, al objeto de compensar las desigualdades de partida de este alumnado”.

A instancias del G.P. UPN, cuya enmienda de adición ha sido aceptada por I-E, titular de la iniciativa, se precisa que los recursos adicionales recogidos en el párrafo anterior “se activarán de manera inmediata y, como muy tarde, estarán en marcha a comienzos del curso escolar 2018-19”.

Del mismo modo, se consigna que, “dado el elevado número de alumnado de incorporación tardía o que se inscribe en período extraordinario en los centros escolares públicos, en el momento de producirse esas circunstantes se desdoblarán, en su caso, las aulas y se incrementarán los recursos humanos y materiales”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda-Ezkerra alude al procedimiento que para censar el alumnado socioeconómicamente desfavorecido de cada centro público y concertado puso en marcha el Departamento de Educación y, a ese respecto, muestra su “sorpresa por el bajo porcentaje de algunos centros en los que, curiosamente, se requieren aportaciones económicas extras a las familias, así como por la ausencia de datos en relación al numeroso alumnado con dificultades de inserción o de incorporación tardía que presentan esos mismos centros”.

En ese sentido y tras recordar que dicho procedimiento está concebido para orientar los criterios de escolarización fuera del proceso ordinario, a fin de procurar un reparto equilibrado entre centros públicos y privados, se advierte de la existencia de una partida para el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad, que “debería destinarse a la implementación de medidas de compensación educativa para este tipo de alumnos”.

A ese respecto, se precisa que para la determinación de la condición de minorías socialmente desfavorecidas y, en consecuencia, para la concreción de los recursos materiales, humanos y organizativos que se destinan a cada alumno/a y a cada centro escolar, han de tenerse en cuenta, además del aspecto económico, las “dificultades de inserción educativa o escolarización irregular, la incorporación tardía al sistema educativo, el desconocimiento del idioma, y la dependencia de ayudas sociales”.

A la sesión, presidida, por Iñaki Iriarte (G.P. U’PN), han asistido Alberto Catalán, Ana San Martín (G.P. UPN), Consuelo Satrustegi, Rafa Eraso,Jokin Castiella (G.P. Geroa Bai), Miren Aranoa, Esther Korres (G.P. EH Bildu), Tere Sáez, Carlos Couso (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Carlos Gimeno, Conchi Ruiz (G.P. PSN), Javier García (A.P.F. PPN) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra).