Este mediodía ha quedado constituida la Ponencia para el estudio de los procedimientos a seguir en los procesos de externalización e internalización pública, al objeto de salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras afectadas.

Propuesta por Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, la Ponencia responde a la proposición de Ley que, suscrita por el cuatripartito y finalmente retirada, abordaba la regulación de la naturaleza y régimen jurídico aplicable al personal subrogado por la Administración Pública de la Comunidad Foral.

En ese sentido, la proposición de Ley tenía por objeto preceptuar la inclusión como personal al servicio de la Administración Pública de los trabajadores/as subrogados bajo la denominación de personal internalizado, de modo que, sin ostentar la condición de empleado público, pudieran prestar servicios en caso de internalización o reversión de un servicio.

La creación de la Ponencia fue aprobada el pasado 30 de enero con los votos a favor de UPN, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN e I-E y la abstención del PPN. Geroa Bai y EH Bildu, inicialmente entre sus promotores, se desmarcaron al entender que “ya no hay tiempo material” de abordar un asunto de este calado, el primero, y al negarse a dar patente a una “puerta de entrada a la Administración que contravenga los principios de igualdad, mérito y capacidad”, el segundo.

Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN e I-E inciden en la necesidad de “otorgar plena seguridad jurídica al proceso, incluida la garantía de protección de los derechos de los trabajadores afectados”, mientras UPN, inicialmente en contra de la Ponencia, advierte que todo deriva de una mala praxis, “plantear un problema -en alusión a la reversión de servicios públicos-, sin tener la solución”.

La Ponencia que preside Carlos Couso está integrada, además, por Sergio Sayas (UPN), Patxi Leuza (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Inma Jurío (PSN), Ana Beltrán (PPN) y Marisa de Simón (I-E).

La Ponencia, que recabará aportaciones de diferentes personas, expertos y agentes sociales, desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, que deberá estar concluido y plasmado en un informe no más allá del 1 de abril. Demomento, se han dado de plazo hasta el 4 de marzo para avanzar hacia la configuración del plan de trabajo.