El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad la convalidación del Decreto de Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, de medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

Al diferencia de lo que sucedió con los Decretos-leyes Forales 1/2020, de 18 de marzo, y 2/220, de 25 de marzo, convalidados el 27 de marzo y elevados a Ley Foral el 3 de abril, el Decreto de Ley Foral 3/220 no se tramitará como proyecto de Ley Foral por el procedimiento de urgencia. La petición formulada por Navarra Suma ha decaído ante la oposición de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Se requería mayoría simple.

Este tercer Decreto de Ley Foral se enmarca en las “circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad” desatada a raíz de la pandemia, coyuntura que obliga a implementar un tercer paquete de medidas, al objeto continuar dando soporte al tejido productivo y social. Se trata de "minimizar el impacto de la crisis para, una vez finalizada la alarma sanitaria, propiciar un rebote de la actividad que evite daños permanentes o estructurales".

En este caso, el Decreto de Ley Foral presta especial atención a los autónomos, un colectivo compuesto por más de 47.000 personas, muchas de ellas encuadradas en actividades no permitidas durante el Estado de Alarma, tales como las que tienen que ver con la cultura, el arte, el deporte, la hostelería, el comercio, peluquerías o educación.

A los más afectados (cese de actividad) de este grupo de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia se les reconoce el derecho a una ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros, siempre que cumplan una serie de requisitos, entre ellos retomar su actividad durante al menos doce meses. Otros, los que no se hayan acogido a la prestación por cese de actividad pero hayan visto caer sus ingresos al menos un 30%, percibirán entre 700 y 800 euros.

Este conjunto de ayudas, compatibles hasta un límite con las que pudieran percibirse de cualquier otra Administración, suponen una mejora respecto a las aprobadas el 3 de abril a través de la Ley Foral 6/2020.

Así lo ha puesto de relieve la Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha agradecido las “aportaciones constructivas” formuladas por todos los grupos parlamentarios, a su entender la “mejor herramienta para afrontar una situación altamente delicada a nivel social, económico y sanitario".

No obstante, la Presidenta ha matizado en su turno de réplica que “este Gobierno informó de que se estaba trabajando en el tema de la protección de los autónomos, pero algunos prefirieron anticiparse. Esa es la realidad. El rigor debería primar por encima del protagonismo político”, ha significado en alusión a Navarra Suma y EH Bildu.

Así, tras anunciar un próximo Decreto Ley Foral en el que, amén de ciertas precisiones, se dará cabida al colectivo agrario de autónomos, Chivite ha subrayado el “mantenimiento del empleo” como objetivo claro e irrenunciable, no en vano el “99,9% de ERTES es de suspensión de la actividad. Vamos a hacer compatible la seguridad de los trabajadores y trabajadoras con el trabajo”.

Javier Esparza (G.P. Navarra Suma) ha abierto el turno de portavoces señalando que “el trabajo autónomo tiene que volver a ser protagonista y las ayudas directas son las que mejor se adaptan a la amplísima casuística que se da en un grupo tan heterogéneo como éste. Tratamos de cubrir ese vacío con una enmienda de 20 millones que se criticó, hasta el punto de intentar evitar su tramitación. Se decían que los medios eran finitos, que no había acomodo presupuestario. Era una excusa, había dinero, el problema era que la propuesta no la firmaba ni el Ejecutivo, ni el PSN ni Geroa Bai. Bienvenida la rectificación, porque esta vez sí ha habido consenso. Este es el camino. Ayudas directas para el cese y, aunque menos de lo que nosotros habíamos planteado, también para la suspensión de actividad. Se podía haber sido más flexible y habrá que serlo en el futuro, porque no sabemos cómo va a reaccionar la economía navarra. Habrá pérdidas de empleo inevitables y si están justificadas no debiera penalizar a la hora de mantener las ayudas. Solicitamos la tramitación de este DLF como proyecto de Ley, porque tenemos intención de presentar enmiendas”.

Ramón Alzórriz (G.P. PSN) se ha congratulado de la “nueva actitud de Navarra Suma, nada que ver con la que mantuvo en 2008, con despidos y desahucios que hoy no se dan porque hay Gobiernos diferentes con prioridades distintas. Debatir y acordar para vencer al virus sin que nadie se quede atrás es lo que demanda la ciudadanía. Poner en el centro a las personas, rebajar la incertidumbre y el miedo con medidas económicas y sociales tendentes a la reconstrucción de nuestro estado de bienestar es el objetivo. Hay que evitar que la brecha económica se convierta en un pozo sin fondo que comprometa el futuro de nuestra tierra. Estas ayudas, que triplican las que trajo Navarra Suma, suponen un esfuerzo muy importante, pero es la manera de aportar liquidez y estabilidad al sistema productivo y a sus trabajadores”.

El portavoz socialista ha puesto de relieve “el trabajo y la capacidad de gestión del Gobierno y de los grupos parlamentarios. La emergencia social requiere de diálogo, es la senda emprendida por el Gobierno, volcado en arrojar luz y dar respuesta a una situación excepcional que afecta a todos. Tenemos un sistema sanitario robusto y flexible, con grandes profesionales que transmiten empatía con los enfermos y comprensión con la sociedad. La sanidad, sin menoscabo de la enorme aportación de los trabajadores de los servicios sociales de base, es el primer eslabón a amarrar. Estamos en el camino correcto, por eso, desde la prudencia, ahora toca implementar otro tipo de medidas económico-sociales”.

María Solana (G.P. Geroa Bai) ha subrayado que la propuesta del Gobierno “mejora, con mucho”, la aportación inicial de Navarra Suma, no en vano “se abre a otro público objetivo, a los autónomos más afectados, a los que han debido cesar en su actividad. En Navarra son ya 10.000 personas las que se han acogido a la ayuda del Estado, las cuales son potenciales perceptoras de los 2.200 euros y a las que Navarra Suma dejaba fuera de su propuesta. No se puede venir aquí con una propuesta con ángulos muertos, que no resuelve. Habrá que reajustar, pero no porque a la norma le falte flexibilidad. En este Decreto hay muchas cuestiones que quedan pendientes de recoger y se irá haciendo, porque por suerte, y por otros motivos, como el trabajo y el rigor, estamos en mejor situación que otras CCAA. Lo importante ahora es saber dónde estamos para evitar dar pasos en falso. Lo prioritario no es ser punta de lanza en la desescalada. Hemos avanzado mucho, pero hay aún mucha incertidumbre y eso exige decisiones compartidas, consenso”.

Adolfo Araiz (G.P. EH Bildu) ha recordado que el “diálogo y el acuerdo” inherente a este Decreto Ley Foral no fue posible en el curso del debate que acompañó la conversión en Ley de los dos decretos anteriores. En aquel Pleno del 3 de abril “PSN y Geroa Bai nos hablaron de gasto desaforado, de inoportunidad, de tensiones de tesorería. Resulta que el contenido de las medidas económicas que aprobamos hoy superan, en mucho, el de aquellas enmiendas de Navarra Suma y EH Bildu. Somos el único grupo que voto a favor de dos enmiendas que abarcaban a todo el conjunto de los autónomos. Hoy ya no van a ser 20 millones, van a ser los que hagan falta y nos alegramos. Según nuestros cálculos, sólo para el colectivo que ha cesado estaríamos en torno a 51 millones. Si no se habría aprobado aquella enmienda, probablemente hoy no estaríamos hablando de este fondo para los autónomos. Otro tanto en relación a nuestra enmienda por la que se creó el Fondo para las Entidades Locales. Lo dotamos con 25 millones y fuimos prudentes, porque el remanente es de 72 millones. Y si hay margen, es gracias a la gestión del anterior Gobierno”.

Mikel Buil (G.P. Podemos-Ahal Dugu) ha mostrado su “respeto por la labor de fiscalización de la oposición” y ha destacado la “aportación a la reconstrucción económica y social” que encierra este tercer paquete de medidas. “La de los autónomos, más allá de los protagonismos, es una gran medida, complementaria de la del Estado. La novedad, lo sobresaliente en este caso es el consenso. Estamos ante un camino social de largo recorrido en el que confluye el conjunto de la ciudadanía. La burocracia no puede ser un obstáculo a esta vocación de protección que hemos desarrollado. Estamos de acuerdo en no salir de esta crisis desregulando condiciones laborales, incentivando la ley del más fuerte. Los ataques van a ser feroces, pero queremos seguir desarrollando consensos para, entre otros, continuar siendo un paraguas para la gente que ha permanecido en la intemperie”.

Marisa de Simón (A.P.F.Izquierda-Ekerra) ha aludido a la “claridad” de la exposición de motivos para constatar los “efectos devastadores” de una crisis que “requiere actuar frente a la amenaza de descomposición del tejido sanitario, económico, social y laboral. Nos preocupa la protección y financiación del tejido productivo, porque el objetivo debe ser que nadie se quede atrás. Es fundamental que las administraciones públicas sean rápidas y eficientes en sus respuestas, también en lo tocante a la regulación de las donaciones. La coordinación de las acciones preventivas ante la enfermedad resulta básico. El futuro, en cualquier caso, pasa construir un modelo alternativo al que nos ha traído hasta aquí”.

Sin presencia de medios de comunicacion, la sesión se ha ofrecido por streaming y ha reunido únicamente al Presidente de la Cámara, Unai Hualde, las Vicepresidentas Inma Jurío y Yolanda Ibáñez, los Secretarios Juan Luis Sánchez de Muniáin y Maiorga Ramírez, y las y los Portavoces de los seis grupos con representación en la Cámara. El resto de electos ha formalizado la delegación del voto, cuestión voluntaria pero recomendada por razones sanitarias de interés público, dada la imposibilidad de celebrar, ya sea presencial o telemáticamente, Plenos con los 50 representantes. La Presidenta del Gobierno, María Chivite, ha acudido acompañada de sus dos Vicepresidentes, Javier Remírez y Jose Mari Aierdi, y de la Consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu.