El Parlamento de Navarra ha presentado hoy el Informe sobre la adaptación de la Legislación Foral de Navarra a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, un estudio comparado en relación a las normativas comunitaria, estatal y autonómica que, fruto del Convenio suscrito en 2020 entre la Cámara, la UPNA y el CERMIN, “se pretende sirva de base para avanzar por la senda de la plena inclusión en el ámbito de los derechos humanos”.

Así se ha pronunciado Unai Hualde, Presidente del Parlamento de Navarra, en el acto de presentación de este informe que, a propuesta del CERMIN y emulando la experiencia de Cantabria, persigue la plena aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (CIDPD), un tratado que data de 2006 y “compromete al desarrollo de iniciativas que garanticen la autonomía, la movilidad y la vida independiente de las personas con discapacidad”.

A decir del Presidente, estamos ante un documento que, “respaldado por todos los grupos del arco parlamentario, va a marcar la acción legislativa de los próximos años. Ahora se trata de proponer las modificaciones o desarrollos normativos y reglamentarios que sean precisos para, con la implicación del Gobierno y desde las diferentes visiones representadas en el equipo redactor, progresar hacia la aplicación práctica de las medidas”.

Concluido el examen de los diferentes elementos y cuestiones a implementar a partir de la adecuación legislativa que, a tal efecto, resulte pertinente, Unai Hualde ha anticipado que el grupo de trabajo conformado por el CERMIN, la UPNA y el Gobierno de Navarra “tendrá continuidad en un foro aún por determinar, cuya finalidad primordial consistirá en supervisar y asegurar el gradual cumplimiento de todas las mejoras que se acuerden, incluidas las planteadas por el Departamento de Presidencia”.

A modo de colofón, y tras subrayar la importancia de alinear la Legislación Foral con el cambio de paradigma operado en el tratamiento jurídico de la discapacidad, Unai Hualde ha agradecido el esfuerzo de todas las partes implicadas en la conversión de los derechos humanos que asisten a estas personas, otrora reducidos a atención sanitaria, en un ejercicio jurídicamente vinculante para las administraciones navarras.

“Se ha avanzado mucho en el reconocimiento legal y práctico de la equidad pero, como bien queda patente en el informe, resta bastante por hacer. Ahora la pelota queda en manos del Gobierno y del Parlamento. Felicito al CERMIN y la UPNA por sus aportaciones y a Mikel Lizarraba por su trabajo en torno a la accesibilidad, la autonomía, la movilidad y la vida independiente, constituidos ya en elementos centrales de la arquitectura jurídica de la CIDPD”, ha corroborado el Presidente, quien ha cerrado anunciando que el Parlamento tiene ya "en vías de culminación" el plan de accesibilidad de su edificio.

Begoña Pérez Eransus, Vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, ha aludido al compromiso de la UPNA con el desarrollo social de su entorno” para justificar la participación en un estudio al que han tratado de incorporar la “perspectiva de la diversidad” que jalona su quehacer formativo e investigador.

“La CIDPD aporta un cambio de enfoque sustancial, las personas con discapacidad pasan de ser sujetos de discrecionalidad a sujetos de derecho, también a nivel de autonomía. Navarra parte de una posición ventajosa, pero hay que mejorar y adaptar el marco legal”, ha significado Eransus.

Roldán Jimeno, secretario general de la UPNA, ha abundado en la “profunda modificación de los presupuestos jurídicos que supone convertir en sujetos titulares de derechos a los otrora sujetos pasivos de una política asistencial asociada a una legislación dispersa y fragmentada, conforme al modelo tradicional”.

A ese respecto, Jimeno ha señalado que “la unificación del corpus legislativo, tal y como se recoge en las conclusiones del informe, se antoja fundamental. Una Ley Foral de garantías de los derechos de la discapacidad, donde se recoja la doble exigencia de no discriminación y derechos fundamentales desde ese punto de vista, situaría a Navarra en la vanguardia”.

Por último, Mari Luz Sanz, presidenta de CERMIN-Navarra, ha agradecido la disponibilidad del Parlamento, la UPNA y el Gobierno a “medir la aplicabilidad de las disposiciones de la Convención -En España en vigor desde 2008- en el día a día de las personas, porque entiendo que ayudará a su realización efectiva. Hablamos de personas sujetas a los mismos derechos y obligaciones que el resto, de gente con una visión diferencia que contribuirá, sin duda, a que la sociedad evolucione. No podemos dejar a nadie atrás”.

El grupo de trabajo encargado de elaborar el informe ha estado compuesto por las siguientes personas: Carmen Burgui, directora técnica del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN), Manuel Arellano, vicepresidente de CERMIN Navarra y presidente de COCEMFE Navarra, Belén López, directora del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa; Roberto García, jefe de la sección de coordinación del servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa; Javier Miranda, presidente de Fundación Caja Navarra y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad; Isabel Urzainqui, abogada y experta en discapacidad, además de Roldán Jimeno, Mikel Lizarraga y Begoña Pérez (UPNA). 

Entre los asistentes al acto de presentación se encontraba Arantxa Biurrun, presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra.

A continuación, a partir de las 11:30, el Salón de Plenos ha acogido una jornada divulgativa en torno al Informe sobre la adaptación de la Legislación Foral de Navarra a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, en la que también han tomado parte Mikel Lizarraga, Belén López y Javier Miranda. A la sesión han asistido, entre otros, las portavoces de Derechos Sociales Marta Álvarez (Navarra Suma), Nuria Medina (PSN), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Ainhoa Aznárez (Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (I-E), además de Maiorga Ramírez (EH Bildu), Secretario Segundo de la Cámara.