La Comisión de Universidad, Innovación y Transformación Digital ha aprobado hoy el dictamen en relación con el proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 15/2018, de 27 de junio, de Ciencia y Tecnología.

 

El proyecto de Ley Foral impulsado por el Gobierno tiene por objeto dotar al sistema navarro de I+D+i de los instrumentos precisos para, también a nivel de inversión, proceder a su actualización continua, también en lo relativo a la incorporación de la perspectiva de género en materia de ciencia, investigación e innovación.

 

En ese marco y de conformidad con lo que pretende ser una normativa viva que acompañe la evolución del conocimiento y la innovación, se facilita la ordenación de los distintos agentes (2 universidades, 1 instituto de investigación sanitaria, 3 centros de investigación, 6 tecnológicos, 10 unidades de I+D+i empresarial y 21 entidades singulares) en aras a la consecución de un sistema más dinámico, cohesionado y con mayor impacto en la sociedad.

 

A tal fin y en orden a una regulación más acorde a la realidad, se faculta la subcategorización de entidades singulares para, de acuerdo con sus diferentes características y actividades, optimizar la organización y coordinación de un sistema en el que, a iniciativa de PSN y EH Bildu, se da cabida a las áreas del conocimiento social y humanístico.

 

Dicha desagregación se materializará a través del reglamento que regule el procedimiento de acreditación de los agentes de ejecución integrados en el Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) y la inscripción en el registro público de dichos agentes. El control de los requisitos legales y reglamentarios que se determinen correrá a cargo del Departamento competente por razón de la materia.

 

En concreto, se otorga la consideración de agentes del SINAI al conjunto de entidades públicas y privadas que trabajen de forma coordinada en la generación de conocimiento, en su transferencia al tejido empresarial y en beneficio de la sociedad, en este caso no solo ejecutando, financiando o coordinando, sino también “dinamizando, divulgando y difundiendo”.

 

Paralelamente, se incluye entre las funciones fundamentales de las entidades singulares la “dinamización” del ecosistema de innovación y el “apoyo” a proyectos en I+D+i (cuando se tenga capacidad), además de “aquellas otras” relativas al terreno de la generación, el desarrollo o la mejora del conocimiento.

 

En el ámbito de la gestión de ayudas, se introducen medidas de flexibilización que permitirán anticipar las subvenciones concedidas a los agentes del SINAI sin necesidad de garantías ni justificación previa de provisión de fondos, pudiendo alcanzar dichos anticipos hasta el 100% de la cuantía concedida. En el caso de ayudas plurianuales, los anticipos podrán abonarse por anualidades, previa comprobación de las correspondientes liquidaciones. Con ello se pretende dotar al sistema de mayor agilidad y estabilidad financiera.

 

A su vez, se incorpora la posibilidad de establecer convocatorias de ayuda basal por rendimiento dirigidas a los agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), con el fin de garantizar su sostenibilidad y reforzar la orientación a la excelencia. Estas convocatorias podrán financiar hasta el 100% de la actividad no económica, atendiendo a indicadores objetivos vinculados a la capacidad investigadora y de transferencia, tales como personal doctorado en plantilla, publicaciones científicas, patentes, creación de empresas de base tecnológica, captación de financiación europea o facturación de proyectos con la industria.

 

En lo relativo al impulso de la igualdad entre hombres y mujeres y dentro de lo que constituye una apuesta transversal por la mejora de la inclusión y la diversidad, se pone especial énfasis en el acceso de las mujeres a los estudios STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y se obliga a justificar la desviación de las normas de paridad (60/40) en los órganos de dirección y puestos de máxima responsabilidad.

 

Este mismo criterio se aplicará en las universidades, institutos de investigación sanitaria, centros de investigación y centros tecnológicos, dentro del personal investigador. A todos estos también se les exigirá que su comité científico-tecnológico asesor internacional —de carácter multidisciplinar, composición plural y cuando proceda con especialistas en ciencias sociales y humanidades— participe en la selección del puesto de dirección.

 

Al hilo de lo apuntado y a propósito de las medidas para la atracción y fidelización del talento, se establecen y/o reordenan los “sistemas de apoyo logístico, de emprendimiento o de apoyo a la contratación”. Y se consignan medidas para fomentar la carrera y la movilidad profesionales del personal científico-técnico de los agentes del SINAI, así como para “impulsar y apoyar la compra pública innovadora” de la Administración Foral.

 

Por otra parte y en lo tocante a la composición del Consejo Asesor en I+D+i de Navarra, la representación de los trabajadores, hasta ahora sin mayor concreción, pasará a ser asumida necesariamente por “dos personas designadas por consenso de los sindicatos”. La pertenencia a dicho órgano continuará sin ser remunerada, más allá de la compensación de gastos de desplazamiento y estancia de determinadas personas que residan fuera de Navarra.

 

En cuanto al Plan de ciencia, tecnología e innovación, instrumento fundamental de planificación y coordinación de las políticas en materia de I+D+i en Navarra, se especifica que tendrá como mínimo cuatro años de vigencia (tenía cuatro años con carácter general). El Parlamento de Navarra hará un seguimiento de este en los términos que el propio Plan establezca.

 

El tercer eje sobre el que se articula el proyecto de Ley tiene que ver con la redefinición de las metas de inversión del sector público en I+D+i, ya que se incrementa en 3 puntos, hasta el 8%, la dotación presupuestaria a alcanzar en 2030. Las previsiones vinculadas al  PIB se mantienen idénticas (3% en Navarra, 1% en el sector público).

 

En el transcurso del examen efectuado en Comisión se han debatido 30 enmiendas (12 in voce), la mayoría de carácter técnico, de las que se han aprobado 15, 7 de UPN y 8 de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, en diferentes combinaciones

 

Una de las aportaciones de PSN y EH Bildu tiene que ver con el deber de registro, seguimiento y actualización de los planes de igualdad, que tendrán que incluir protocolos de actuación en caso de violencia, comisión de delitos y otras conductas contra el acoso por razón de género, la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Las entidades no obligadas dispondrán de un plan de igualdad voluntario o, en su defecto, de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral. En ambos casos, deberán ser registradas como Acuerdo de eficacia limitada. Geroa Bai y Contigo-Zurekin han respaldado la enmienda, mientras que UPN, PPN y la no adscrita se han abstenido.

 

De manera análoga, a impulso de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin y por unanimidad, se introduce la obligación de disponer de un conjunto planificado de medidas y recursos para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI+. La planificación de esas medidas y recursos deberán ser acordadas con la representación legal de las plantillas, de conformidad con la legislación estatal y foral.

 

Las 7 enmiendas de UPN respaldadas por la mayoría se centran en la difusión del conocimiento, en la generación, retención y fidelización del talento, y en la dinamización del INAI, entre otros asegurando la viabilidad de los centros, la estabilidad laboral del personal y el fomento del empleo tecnológico e investigador. Todos estos aspectos han prosperado por asentimiento, no así el relativo al refuerzo de la colaboración público-privada, al que se han opuesto PSN, EH Bildu y C-Z.

 

Una vez dictaminado, el proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 15/2018 de Ciencia y Tecnología será elevado a Pleno, previsiblemente el día 12 de marzo, para su definitivo debate y votación.

 

A la sesión, presidida por Ibai Crespo (G.P. PSN), han asistido, además, Ángel Ansa, Leticia San Martín, Marta Álvarez, Cristina López (G.P. UPN), Kevin Lucero, Ramón Alzórriz (G.P. PSN), Oihane Gallo, Javier Arza (G.P. EH Bildu), Mikel Asiain, Javier Ollo (G.P. Geroa Bai), Irene Royo (G.P. PPN), Daniel López (G.P. Contigo-Zurekin) y Maite Nosti (no adscrita).

 

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 3, de 16-01-2026)
• Publicación de las enmiendas (BOPN, nº 15, de 13-02-2026)