La Comisión de Desarrollo Económico ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a que, “en virtud de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga los precios de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 5 de dicha Directiva”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que se emplaza al Ejecutivo estatal a “diseñar una tarifa regulada real y no desregulada y bajo criterios de mercado como la actual, que sustituya el actual PVPC”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado agregado a instancias de EH Bildu, cuya enmienda de adición ha sido aceptada por I-E, titular de la iniciativa se invita al Gobierno de Navarra a “priorizar el desarrollo de los programas contenidos en el Plan de Autoconsumo y Almacenamiento Eléctrico”.

 

El resto de epígrafes (7), incluido el asociado a la enmienda de adición de EH Bildu, han decaído con los votos en contra de Navarra Suma y PSN, a los que se ha unido Geroa Bai en un par de apartados. EH Bildu e I-E han respaldado todos los puntos y Podemos-Ahal Dugu todos menos uno, en el que se ha abstenido.

 

En el primero de los puntos rechazados se instaba al Gobierno de España a “cumplir con el punto 3.2 del Acuerdo de Gobierno y acometer una profunda reforma del mercado eléctrico que evite estas situaciones de precios extremadamente elevados”. Navarra Suma y PSN han votado en contra, mientras Geroa Bai se ha abstenido.

 

En el segundo de los desestimados, el Parlamento de Navarra compelía al Gobierno de España a revertir la privatización de empresas como Endesa o Repsol, al objeto de crear una firma con capital 100 % público y gestión pública que impulse, de forma decidida, las energías renovables y la necesaria transición energética”. Geroa Bai ha votado en contra junto a Navarra Suma y PSN.

 

En el tercero de los puntos desechados, se exhortaba al Ejecutivo central a “acometer una modificación en el articulado del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, o en la legislación equivalente que se promulgue”. Navarra Suma y PSN han votado en contra, Geroa Bai se ha abstenido.

 

Dicha modificación, según se precisaba, debería incluir como ejes fundamentales “la recuperación de todos los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado, para poder ser gestionados desde el sector público en condiciones favorables para el interés común; la agilización de los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos y su tramitación sin retrasos y sin caducidades; y la tramitación del expediente a la administración hidráulica competente.

 

Entre los cambios que se defendían se citaban también “la iniciación ‑de oficio- de los expedientes por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia”.

 

A ese respecto, se demandaba que “el expediente de extinción será informado por la comunidad autónoma y el municipio o municipios en cuyo ámbito territorial radiquen la central hidroeléctrica y las demás infraestructuras que formen parte de ese sistema de explotación hidroeléctrica”.

 

En ese marco, se señalaba que “la administración hidráulica, cuando considere posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento hidroeléctrico y compatible con el plan hidrológico, acordará la reversión de las instalaciones del salto hidroeléctrico para su explotación”.

 

El último de los ejes fundamentales en torno a los que se proyectaba la modificación de la Ley de Aguas apuntaba que, “tras la reversión de los saltos hidroeléctricos y sin perjuicio de que la gestión técnica se siga desarrollando por empresas del sector, sus beneficios pasarán a ser de titularidad pública con criterios de vertebración territorial”.

 

En ese sentido, se determinaba que “los beneficios de los saltos hidroeléctricos se destinarán a la restitución económica y social de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas y a otros fines de utilidad pública o interés social de carácter general o para inversión pública directa en construcción de nueva generación renovable, previo proceso de consulta pública en el municipio o municipios afectados”.

 

Con ello se pretendía “contar con la participación de la ciudadanía a la hora de establecer o elegir los proyectos que se realizarán gracias al beneficio obtenido de la reversión de la concesión y, por tanto, de la generación hidroeléctrica pública”.

 

En un cuarto epígrafe, también desestimado, se conminaba al Gobierno de Navarra “y a los Ayuntamientos de Navarra con capacidad suficiente para ello, a que se inicien los estudios correspondientes para la valoración económico-técnica de constitución de comercializadoras foral y locales, de modo que se permita a la ciudadanía acceder al suministro eléctrico a través de una compañía pública de electricidad, sumándose a los proyectos realizados por otros consistorios”. El respaldo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E ha resultado insuficiente ante la oposición de Navarra Suma y PSN.

 

En ese contexto, se instaba al Gobierno de Navarra “y a los Ayuntamientos a que cualquier contratación pública de suministros de energía eléctrica, gas natural y agua que se efectúe a partir de la fecha de aprobación de la presente moción se realice con empresas que no hayan sido sancionadas por prácticas ilegales por el organismo regulador, para lo cual se incluirá dicha restricción en los correspondientes pliegos de contratación”. Navarra Suma, PSN y Geroa Bai han votado en contra y Podemos-Ahal Dugu se ha abstenido.

 

También se requería al Gobierno de Navarra y a los Ayuntamientos a que “el suministro eléctrico que pudiera realizarse mientras tanto exija en el pliego de condiciones la obligatoriedad de realizarse con energía 100 % renovable, a través del mecanismo de Garantías de Origen”. El respaldo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E ha resultado de nuevo insuficiente.

 

Por último, tampoco ha prosperado la pretensión de EH Bildu, asumida por I-E y respaldada por Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, de instar al Ejecutivo Foral a “negociar con el Estado español la modificación del Convenio Económico, al objeto de que Navarra tenga capacidad normativa en materia de impuestos indirectos”. Navarra Suma y PSN han votado en contra.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G-Mixto Izquierda Unida exige el “diseño de un nuevo modelo de mercado eléctrico que, evitando las distorsiones asociadas a los intereses del oligopolio que controla el sistema en vigor, creado por el Gobierno de Aznar”, descanse en criterios de “justicia, eficiencia y sostenibilidad”, para lo cual entiende preciso “apostar de manera decidida por las energías renovables”.

 

Más allá de reformas dirigidas a “controlar el precio de la electricidad”, que el pasado 9 de enero, “coincidiendo con una intensa ola de frío, alcanzó el pico más alto de la última década”, se demanda una “nueva configuración del mercado eléctrico que, además de evitar la volatilidad, ofrezca una cobertura cabal y estable a los consumidores más vulnerables, ahora mismo a merced de las dinámicas mundiales de oferta y demanda”.

 

Así las cosas y a fin de revertir las graves repercusiones de lo que se entiende es un “problema estructural de alcance social”, se llama a acentuar la vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), cuya labor inspectora se ha saldado ya con “varias multas multimillonarias”, coerción en todo caso insuficiente para corregir una dinámica “especialmente nociva para las familias más vulnerables”.

 

La proponente concluye invocando el Acuerdo de Gobierno suscrito entre Unidas Podemos y PSOE, donde se hace explícito el “compromiso de reformar el actual mercado eléctrico”, habida cuenta la “disparidad entre los precios finales de la electricidad y los costes de generación”, y el trato fiscal dispensado a las grandes firmas.

 

A la sesión, presidida por Carlos Pérez Nievas (G.P. Navarra Suma), han asistido, además, Juan Luis Sánchez de Muniáin, Alberto Bonilla, Maribel García Malo, Ángel Ansa, Pachi Pérez (Navarra Suma), Javier Lecumberri, Ainhoa Unzu, Virginia Magdaleno (G.P. PSN), Mikel Asiain, María Solana (G.P. Geroa Bai), Laura Aznal, Arantxa Izurdiaga (G.P. EH Bildu), Mikel Buil (A.P.F. Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (G-Mixto Izquierda-Ezkerra).

 

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación de la moción (BOPN, nº 10, de 29-01-2020)