El Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral continúa este viernes (09:15) con el debate y votación de las 21 propuestas de resolución registradas, tres de las cuales, relativas a financiación local, transición económica y digital, e igualdad”, han sido consensuadas por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. I-E, que solo suscribe esta última una con los anteriores, comparte otras dos sobre educación pública y juventud con Podemos-Ahal Dugu.

 

El orden del debate de las propuestas de resolución (5 por sigla) será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor, primero el bloque de la oposición y después el de las formaciones que sustentan al Gobierno.

 

Cada Grupo Parlamentario defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un tiempo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los Grupos y Agrupaciones guardarán el mismo orden que en el debate. A continuación se votará. El mismo proceso se repetirá seis veces, una por Grupo o Agrupación de Parlamentarios.

 

Los grupos signatarios del Acuerdo que sirve de base al Gobierno que preside María Chivite han acordado tres propuestas (I-E sólo una). La primera apuesta por un modelo de financiación “más justo, solidario y suficiente para el conjunto de las Entidades Locales”, lo cual pasa también por un Plan de Infraestructuras Locales (PIL) que “facilite la estabilidad y la planificación de las inversiones”, así como por un modelo de reparto del Fondo de Haciendas Locales que “garantice servicios públicos de calidad”. Todo ello “escuchando a la FNMC”.

 

La segunda propuesta suscrita por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu plantea el diseño de una “transición hacia la economía circular” para, junto a los agentes sociales y económicos, procurar la “sostenibilidad ambiental y el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar”. En ese marco, además de instar al Ejecutivo Foral a “materializar el Polo de Innovación Digital de Navarra”, se emplaza al Gobierno de España a trasponer a la mayor brevedad las Directivas UE 2018/2001 y 2019/944, con el fin de “incentivar la generación de renovables, las comunidades energéticas, el autoconsumo y la generación distribuida”.

 

La tercera propuesta concertada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, en este caso junto a I-E, aboga por continuar con el desarrollo de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. También se propugna seguir avanzando hacia la igualdad real de derechos de las personas LGTBI+, así como continuar con el desarrollo de la “coeducación en cuanto eje central de todo el sistema educativo navarro”. Del mismo modo, se solicita dotar de competencias en igualdad al personal de las administraciones públicas, al objeto de “incorporar el enfoque de género en su actividad ordinaria”, para lo cual se crearía también un observatorio encargado de fomentar la igualdad en el terreno de la comunicación.

 

Las propuestas de resolución registradas por el PSN (2) defienden la continuidad de las reformas estructurales en el sistema de servicios públicos para, entre otros, “configurar un estado de bienestar moderno, de calidad, garantista y universal”. En ese contexto, se defiende el “fortalecimiento” de la Atención Primaria, un “cambio de modelo” en los cuidados de larga duración, el “impulso” del sistema educativo público, la “universalización” del ciclo 0-3 años y el “fomento” de la Formación Profesional.

 

Por otra parte, se preconiza una intensificación de los programas y actuaciones conducentes a la consolidación de la “convivencia basada en el respeto al diferente, ya sea por razones ideológicas, religiosas, culturales o de cualquier tipo”. A tal objeto, se demanda la implantación de una “política pública de memoria democrática” en el sistema educativo, de modo que, “integrando en el currículo un conocimiento objetivo de la realidad del pasado y una formación en valores cívicos, éticos y democráticos, se eviten episodios de violencia, conductas autoritarias y atropellos a los DDHH”.

 

Las dos propuestas de resolución presentadas por Geroa Bai comprometen al Parlamento en el “impulso de todas las medidas necesarias para el desarrollo de las competencias establecidas en la Lorafna”. A tal fin y coincidiendo con el 40 aniversario de la Ley Foral 13/1982, se propone la creación de una Ponencia parlamentaria dirigida a “estudiar la actualización” de la norma de Reintegración y Amejoramiento, y la celebración de unas jornadas de “balance y vigencia del autogobierno foral” con especialistas del ámbito académico y universitario.

 

Del mismo modo, se solicita la elaboración de una Ley Foral de garantía de los derechos de las personas con discapacidad que, en sintonía con el enfoque de la CIDPD, constituya la pieza angular regulatoria.

 

Las dos propuestas de resolución de Podemos-Ahal Dugu, ambas suscritas por I-E, apuestan por “priorizar y ampliar el sistema público de enseñanza” primando la escolarización en el centro más cercano, asegurando una oferta suficiente en castellano y euskera, promoviendo el laicismo, avanzando en la gratuidad y universalidad del ciclo 0-3 años, mejorando las infraestructuras y las condiciones laborales y retirando el concierto a los centros privados concertados que segreguen al alumnado por razón de sexo”.

 

A su vez,  se requieren políticas públicas de apoyo a la juventud, ya sea en el campo de la vivienda, donde, además de mantener el programa EmanZipa, se pide una “oferta de vivienda suficiente”, así como la “promoción de la diversidad social, lingüística y cultural” y el apoyo a la inclusión de jóvenes con discapacidad. En ese terreno, se aboga por seguir con la difusión de la guía de información y recursos en materia de violencia de género para jóvenes y garantizar la puesta en marcha de una Asesoría de Bienestar Emocional que preste apoyo personalizado de forma gratuita.

 

Además, se exige la derogación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y se solicitan otro tipo de iniciativas para “facilitar la inserción laboral de la población joven, especialmente en las zonas rurales”.

 

En cuanto a las propuestas de resolución de Izquierda-Ezkerra (2), reclama, para su debate y votación en el Parlamento, un proyecto de reforma fiscal que, a partir de una “modificación del Impuesto de Sociedades y una mayor tributación de los grandes patrimonios, genere más ingresos” desde la progresividad impositiva.

 

También, se postula la “creación de una Banca Pública que democratice el acceso a los servicios financieros e intervenga en la financiación del desarrollo económico de nuestra comunidad”.

 

En otro orden de cosas y “en cumplimiento del acuerdo de legislatura”, I-E conmina al Gobierno de Navarra a extender “hasta los 35 años” el programa EmanZipa; a ampliar la ayuda David de vivienda, de modo que se dote de 150 euros mensuales a familias con rentas inferiores a dos veces el índice Sara; a hacer efectiva la ley que incentiva el alquiler de la vivienda vacía; y a desarrollar el Índice de Sostenibilidad de Alquileres “para establecer límites a las rentas abusivas”.

 

Las propuestas de resolución registradas por Navarra Suma (5) defienden el establecimiento de un marco impositivo que ayude a “recuperar los niveles de competitividad perdidos en los últimos años y compense a los hogares por la fuerte subida del IPC”.

 

Asimismo, apuesta por políticas dirigidas a “generar empleo de calidad, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y poner en marcha y mantener servicios públicos universales y de excelencia en los ámbitos sanitario, educativo y social”.

 

A tal fin, se solicita “dedicar al menos un 18% del Presupuesto de Salud a la Atención Primaria”, donde se aboga por “recuperar la atención presencial, respetando la voluntariedad de las personas en el modelo de atención”. También se compele al Gobierno a “igualar el salario base de los profesionales sanitarios navarros con los de la CCAA mejor pagada” y a “eliminar el complemento de exclusividad del colectivo médico”.

 

A nivel educativo, se llama a “respetar la demanda social como criterio efectivo a la hora de planificar la oferta en los centros sostenidos con fondos públicos” y a  “abandonar la idea de establecer como obligatorio un conocimiento mínimo de euskera de los niños y niñas”.

 

En Servicios Sociales, se pretende interceder para “garantizar la accesibilidad, acabar con las listas de espera de personas mayores, con discapacidad y enfermedad mental, y modificar la Ley Foral de Renta Garantizada, con el fin de implantar un modelo que no cronifique a las personas en la percepción de un subsidio”.

 

En el campo del empleo, se demandan “medidas específicas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de los desempleados, en especial de jóvenes y mujeres, además de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social”. También se pide “avanzar en la eliminación de la brecha salarial femenina y en el resto de desigualdades que se producen en el mercado laboral”, incluidas la “temporalidad, el abandono temprano y la inequidad en las pensiones”.

 

En lo tocante a grandes infraestructuras, Navarra Suma insta al Gobierno de Navarra a “transformar la N-121-A en una vía de alta capacidad con dos carriles para cada sentido”; realizar una “planificación temporal y presupuestaria” que aseguren la llegada de agua a la Ribera a través del Canal de Navarra y el impulso del TAV, en este caso mediante la “firma en el plazo de 3 meses de un convenio con el Gobierno de España”.

 

Por otra parte, Navarra Suma solicita la derogación de la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local, como primer paso para consensuar con los Ayuntamientos una financiación justa, que incluye el mantenimiento de la Carta de Capitalidad de Pamplona y su concesión a Tudela.

 

En el campo industrial, Navarra Suma encomienda al Ejecutivo Foral las gestiones precisas para que el Gobierno de España “garantice el mismo trato a las plantas automovilísticas de Martorell y Landaben”. Del mimo modo, emplaza a “recuperar el liderazgo en energías renovables, a facilitar que la industria agroalimentaria se adapte a las nuevas exigencias medioambientales, de cultivo, transformación y distribución, y a apostar verdaderamente por la digitalización”. Para ello, se apremia a “concluir el segundo plan de banda ancha y a facilitar la implantación y desarrollo de la tecnología 5G”.

 

Las propuestas de resolución elevadas por EH Bildu (5) insisten en “abrir un debate político y social para, en vísperas del 40 aniversario de la Lorafna, someter a referéndum el modelo de relación de Navarra con el Estado”.

 

En Sanidad, se aboga por el diseño de un modelo de Atención Primaria y Atención Continuada de futuro, priorizando de inmediato la atención presencial y la equidad territorial. Ello, entre otros, exigiría un “plan de choque para cubrir las plazas de profesionales sanitarios” (acelerando y simplificando OPEs, fidelizando profesionales en zonas rurales), una “ampliación de la red de recursos públicos para personas mayores y/o con discapacidad” y un “nuevo modelo de atención pública que, centrado en las personas (apartamentos tutelados, casas hogares, vivienda pública o cohousing), asegure la conciliación y los cuidados dignos a todas las personas”.

 

En el ámbito medioambiental, EH Bildu considera necesario actuar “con ambición” contra el cambio climático, al objeto de acometer una “transición energética planificada, ordenada y democrática”. A su juicio, eso exigiría la “introducción de mejoras en el proyecto de Ley del Cambio Climático en línea con las reivindicaciones de los agentes sociales y las recomendaciones de la Comunidad Europea”.

 

Así, para progresar en el “proceso de descarbonización” y la configuración de una “soberanía energética plena”, se plantea la creación de la Agencia Energética de Navarra como entidad pública empresarial (de las que prevé el artículo 59 de la Ley Foral 11/2019). De modo complementario, se apuesta por una fiscalidad ecológica bajo el principio de que ‘quien contamina paga’, dando cabida a la sociedad en la toma de decisiones”.

 

Además, EH Bildu desea “priorizar la generación descentralizada sobre las macro infraestructuras, respetando al máximo la biodiversidad y los usos tradicionales de la tierra”. También demanda medidas dirigidas hacia una “verdadera economía circular”.

 

En cuanto a la “convivencia en condiciones de pluralidad y respeto a los derechos de todas las personas”, se requieren “recursos suficientes para desarrollar políticas de igualdad y de lucha contra la violencia sexista, la xenofobia y el racismo”.

 

También se pide “desarrollar en el plazo más breve posible la Ley Foral 16/2019, de reconocimiento y reparación de víctimas provocadas por la violencia del estado, funcionarios públicos o grupos parapoliciales.

 

A su vez, se plantea consumar la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, ampliar la cobertura de la actual Renta Garantizada (reducir el tiempo de acreditación a un año y asegurar su percepción mientras dure la falta de empleo o la falta de ingresos suficientes) y seguir complementando vía fiscal las pensiones más bajas.

 

En el orden lingüístico, se llama a respetar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, garantizando la atención en euskera en las administraciones públicas (planes lingüísticos en todos los departamentos en el plazo de seis meses).

 

Par avanzar en cohesión social, se apunta a una redistribución de la riqueza por medio de una política económica tendente a la creación de empleo de calidad en clave de sostenibilidad del modelo productivo.

 

A tal fin, se apuesta por el reparto del trabajo mediante una reducción generalizada de la jornada laboral y una adecuación del SMI al salario medio de Navarra. Estos objetivos  se hacen depender en buena medida de la “derogación inmediata de la Reforma Laboral” y del “establecimiento de un marco propio de relaciones laborales”, sin abandonar la reivindicación de una “Banca Pública”.