La Comisión de Relaciones Ciudadanas ha aprobado hoy el dictamen en relación a la proposición de modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

La proposición de Ley impulsada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu tiene por objeto solventar los problemas de aplicación que, en lo relativo a la asistencia sanitaria y a las indemnizaciones por daños físicos, psicológicos y materiales, ocasiona la remisión a la Ley Foral 9/2010 de ayuda a las víctimas del terrorismo consignada en el artículo 12 de la norma aprobada en marzo de 2019 con un contenido similar al de la de 2015, anulada en su mayor parte por el Tribunal Constitucional, al considerar que invadía competencias del Poder Judicial.

Así las cosas y de conformidad con el principio de “no discriminación” recogido en el artículo 5.3 de la Ley Foral 16/2019, se pretende soslayar el riesgo que, dado el carácter complementario de estas ayudas respecto a las concedidas por la Administración General del Estado, que no compensa a las víctimas de motivación política, supondría tratar de corregir esa desigualdad por la vía reglamentaria.

A tal fin, para dotar de la necesaria seguridad jurídica a la equiparación protectora entre colectivos de víctimas diferenciados (de terrorismo/de motivación política), se elimina la remisión a la Ley Foral 16/2019 (retribuye el 30% de la indemnización estatal) y se establecen prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos.

Las cantidades estipuladas a modo de resarcimiento oscilan entre los 500.000 euros en caso de gran invalidez y los 75.000 euros por incapacidad permanente parcial. El fallecimiento se repara con 250.000 euros, la incapacidad permanente absoluta con 180.000 y la incapacidad permanente total con 100.000 euros.

Dichos importes, compatibles con cualesquiera otros que no lo fueron por el mismo concepto, serán incrementadas con una cantidad fija equivalente a 20 mensualidades del indicador público de renta que corresponda, en razón de cada uno de los descendientes o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima en el momento del fallecimiento o, en su caso, de la acción violenta que causó la lesión.

Por otra parte, la asistencia sanitaria y/o psicológica correrá a cargo del SNS-Osasunbidea y, cuando no fuera posible, se abonarán los gastos devengados por servicios y tratamientos individuales en otros centros.

Las compensaciones por daños materiales tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las Administraciones Públicas o contratos de seguro, reduciéndose en la cantidad percibida por estos conceptos.

En cuanto a la Comisión de Reconocimiento y Reparación, órgano encargado de analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctima de motivación política, se acuerda que las personas que lo integren tendrán derecho al devengo de dietas y gastos de locomoción o desplazamiento, siempre que no pertenezcan a la Administración Pública.

En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han debatido y aprobado dos enmiendas, ambas de carácter técnico y a iniciativa de PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu.

Tras su toma en consideración y una vez dictaminada, la proposición de modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos será elevada a Pleno, previsibleente el 23 de junio, para su definitivo debate y votación.

A la sesión, presidida por Jabi Arakama (G.P. Geroa Bai), han asistido, además, Iñaki Iriarte, Jorge Esparza, José Suárez, Pedro González, Marta Álvarez, Ángel Ansa (G.P. Navarra Suma), Inma Jurío, Jorge Aguirre, Carlos Mena (G.P. PSN), Uxue Barkos (G.P. Geroa Bai), Bakartxo Ruiz, Arantxa Izurdiaga (G.P. EH Bildu), Ainhoa Aznárez (A.P.F. Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (G.P. Mixto- Izquierda-Ezkerra).