Aprobada una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales
Se alude al alarmante incremento de la siniestralidad en el sector de la construcción para solicitar mayor control y una revisión urgente de la actual normativa de seguridad
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “establecer medidas de vigilancia permanente e inspección respecto al cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en las empresas, en particular, y en especial en el sector de la construcción, donde más accidentes laborales se producen”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno de España a “realizar una revisión urgente de la normativa en prevención de riesgos laborales, en particular en el sector de la construcción, adaptándola a la realidad actual”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra a “destinar los recursos suficientes para el control de la seguridad y la salud laboral en las obras de construcción”.
A instancias de PSN y Podemos-Ahal Dugu, cuya enmienda de adición ha sido aceptada por Izquierda-Ezkerra, se han agregado otros cuatro puntos.
En el primero, se conmina al Ejecutivo Foral a “intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral y proteger la salud integral de los trabajadores”.
En el segundo, se compele al Gobierno de Navarra a “potenciar el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra”.
En el tercero, se requiere al Ejecutivo Foral a “fomentar la participación sindical en el diseño y gestión de los modelos preventivos”.
Y en el último, se solicita al Gobierno de Navarra “potenciar la formación en PRL en todos los niveles de la empresa y de la Administración Foral”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Mixto-Izquierda-Ezkerra vincula el “alarmante incremento (56%) de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción”, también a nivel estatal, con la “degradación de las acciones preventivas”, una situación de la que se responsabiliza tanto a la parte empresarial, cuyos “abusos” derivan en “precariedad” laboral, como a la tarea inspectora, a su juicio “insuficiente”.
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Publicación de la moción (BOPN, n.º 10, de 06-09-2019)