El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que la Cámara “reafirma su compromiso inequívoco con el derecho a la sanidad pública, gratuita y universal para todas las personas independientemente de su situación administrativa y manifiesta su voluntad de seguir impulsando medidas para hacerla efectiva”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a “dictar las instrucciones necesarias para agilizar la burocracia en la atención sanitaria universal”. Este epígrafe ha sido modificado a instancias de PSN y Geroa Bai, cuya enmienda de sustitución ha sido aceptada por EH Bildu, titular de la iniciativa.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a “hacer efectiva la supuesta y pretendida universalidad del acceso a la atención sanitaria, subsanando las lagunas que contiene Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. EH Bildu recuerda la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la Ley Foral 8/2013 por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público y se ponen de relieve las lagunas del Real Decreto-ley 7/2018 aprobado por el Gobierno del PSOE con el mismo objetivo.

A ese respecto, se alude a la “ambigüedad” de la norma y a los “múltiples condicionantes” que, como la “obligación de demostrar que se lleva empadronado tres meses”, impiden el reconocimiento efectivo del derecho a la atención sanitaria universal, circunstancia que también se da en Navarra, donde diversas organizaciones sociales observan “un paso atrás”, en parte debido a la “excesiva burocratización”.

En ese contexto, la proponente advierte que “la situación se agrava en el caso de personas refugiadas o en situación precaria” (por falta de un documento válido de identificación). Y constata que también afecta directamente a “ascendientes de residentes no nacionales que llegan al Estado con autorización legal” (se les exige un seguro médico al menos un año).

En todos esos casos, si una persona es atendida en un servicio sanitario “se emite una factura” con el coste de la atención proporcionada, de cuyo pago sólo queda eximida “si cuenta con un informe favorable de Trabajo Social, lo que no hace sino añadir mayor dificultad al acceso a la sanidad pública”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 13, de 09-09-2019)