Tras 24 sesiones y casi dos años de trabajo, la Ponencia encargada de acordar medidas para garantizar el futuro del conjunto de la actividad cultural de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad el informe de conclusiones.

El texto, que próximamente será elevado a la Comisión competente por razón de la materia para, de mantenerse el asenso, proceder a su refrendo definitivo, plantea modificaciones en las leyes forales de Contratos Públicos y Subvenciones, demanda la redacción de un código de buenas prácticas para la contratación y gestión de actividades en el sector público y aconseja sentar las bases de un Estatuto Navarro del Artista.

Constituida el 28 de abril de 2021 a propuesta del G.P. EH Bildu, la Ponencia encargada de definir y acordar medidas para dignificar, estabilizar, intensificar y garantizar el futuro del conjunto de la actividad cultural de Navarra ha recogido las recomendaciones, propuestas y aportaciones de los actores que intervienen y participan en el sector (instituciones públicas, colectivos profesionales, sindicatos y entidades diversas) y, con todo ello, ha evacuado un informe que aúna medidas dirigidas a la protección jurídica de los profesionales y sugerencias tendentes a posibilitar una mayor eficacia en la gestión y administración de los recursos públicos.

Entre los motivos que se aducen para reclamar la urgente redacción de un código de buenas prácticas se encuentra la “falta de homogeneidad a la hora de revisar los requerimientos normativos a nivel de seguridad, higiene y salud laboral”, una “espiral perversa” que, según se hace constar, deviene en “arbitrariedades”, también en relación al cumplimiento de las obligaciones asociadas al régimen especial de trabajadores autónomos.

Esa falta de rigor, unida a la inexistencia de un convenio colectivo del sector del ocio y la cultura de Navarra, acentúa la “precarización y la falta de competitividad” en una profesión para la que las entidades públicas no tienen “ni planificación ni políticas de fomento”. A tal objeto, para alcanzar un acuerdo marco sobre las condiciones laborales, incluido el régimen de “inspección y control”, se propone una mesa de negociación con la participación de las asociaciones profesionales del sector.

En un plano más general, se aboga por incrementar el presupuesto del Departamento de Cultura en un 1,5% -para llegar a los estándares europeos-, se expone la conveniencia de estudiar los puestos de trabajo necesarios en las administraciones públicas, se respalda la habilitación de un portal digital de la cultura que, con un catálogo actualizado por especialidades, facilite la contratación de las entidades locales, se defiende la promoción de los grupos locales y se avala la promoción de elementos folclóricos propios.

Por otra parte, la Ponencia urge a la redacción de un Estatuto Navarro del Artista que, sin perjuicio de las competencias estatales, “proteja, dignifique e impulse” la actividad en la Comunidad Foral, para lo cual se reclaman medidas específicas de índole tributario y profesional, tales como regular la figura del amateur, atender la intermitencia laboral, posibilitar la compatibilidad de ingresos y prestaciones no contributivas (hasta el SMI), así como promover la creación de un censo y una comisión interinstitucional ,en este caso para la gestión, impulso y cumplimiento del Estatuto, en el marco de la Ley de Derechos Culturales.

En otro orden de cosas y a propósito de la falta de avances en la redacción de la Ley Foral llamada a definir y regular las profesiones del sector cultural -encomienda recogida en la Ley Foral 1/2019 de Derechos Culturales-, el informe de la Ponencia apremia al Gobierno de Navarra a presentar el proyecto e invita a modificar las leyes forales de Contratos Públicos y de Subvenciones.

Respecto a la Ley Foral de Contratos Públicos, se arguye que se trata de una norma que “no se adapta a las peculiaridades de la actividad cultural” y “no da lugar a una interpretación homogénea por parte de los servicios de Intervención” de las diferentes administraciones públicas, circunstancia que “nuevamente penaliza” al sector.

En cuanto a la Ley Foral de Subvenciones, se advierten diferentes “deficiencias” en su aplicación, entre ellas el escaso margen entre la publicación de las convocatorias (en el segundo semestre) y la ejecución de las actividades, que legalmente deben estar concluidas antes de la finalización del año natural.

Para revertir esa “práctica injustificable” que, entre otros, aboca a la “concentración de actividades en octubre y noviembre” y a la pérdida de subvenciones “por no poder cumplir los requisitos exigidos en las convocatorias”, se conmina al Departamento a publicar las licitaciones en las primeras ocho semanas de cada año, así como a “articular un mejor sistema de ayudas”.

En el ámbito del Parlamento de Navarra y en conexión directa con los criterios de adquisición de obras de arte para su colección artística, la Ponencia encomienda a la Mesa la definición de unas pautas precisas que permitan “alentar la compra periódica, al efecto de apoyar el sector artístico y cultural de Navarra”.

Por último, se emplaza al Gobierno de Navarra a desarrollar las medidas del Plan Reactivar Navarra relacionadas con el patrimonio, potenciar la Ley de Mecenazgo, optimizar la coordinación cultural transfronteriza, evaluar el I Plan Estratégico de la Cultura, poner en marcha el II y estudiar y, en su caso, activar una oferta de formación universitaria en materia de creación artística.

La Ponencia ha estado presidida por Carlos Mena e integrada por Raquel Garbayo (Navarra Suma), Ana Ansa (Geroa Bai), Maiorga Ramírez (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra).