El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad el informe de conclusiones elaborado por la Ponencia para el estudio de la situación socioeconómica de los valles de los Pirineos Orientales. En el mismo se propone la elaboración de una Ley Foral de Territorios en Despoblación que, en un plazo no superior a seis meses a partir del inicio de la próxima legislatura, de respuesta a la problemática y a las características específicas de la zona.

 

Entretanto, la articulación de las medidas contempladas en el documento final de la Ponencia queda a expensas del Plan estratégico de los Pirineos que elabora la Agencia Navarra de la Sostenibilidad Lursarea y cuya finalización se prevé para final de año.

 

Constituida el 7 de junio de 2017 a iniciativa de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra, la Ponencia se ha centrado en la apertura de espacios y líneas de trabajo específicos para, a instancias de entidades locales, organismos sociales y habitantes de la zona, “reflexionar y buscar soluciones tendentes a preservar el acervo cultural, tradicional, histórico, paisajístico y natural de los Pirineos Orientales”, a día de hoy en estado “crítico” debido al elevado índice de despoblación, al sobre-envejecimiento de la población y al déficit de servicios, infraestructuras y condiciones para el desarrollo de actividades de desarrollo económico.

 

Entre las recomendaciones plasmadas para introducir en la agenda política y de gobierno el compromiso de trabajar en consonancia con la propuesta del dictamen se citan, también en el ámbito reglamentario, la introducción de criterios de “descentralización y discriminación positiva, especialmente en la ley de financiación que acompañe al proceso de reforma del mapa local”, y la constitución de una mesa de trabajo dirigida a estudiar “modificaciones normativas susceptibles de contribuir a la revitalización de los Pirineos”.

 

A ese respecto, para la “revisión y seguimiento” de la normativa que se vaya generando, se propone habilitar en la estructura de gobierno una unidad orgánica encargada de “evaluar” la eficacia de las medidas adoptadas, también en relación con los enfoques vigentes en otras regiones y/o países.

 

En ese contexto, se aboga por explorar todo tipo de ayudas compatibles con el mercado interior, a fin de recabar de la Unión Europea cooperación específica por razón de despoblación o envejecimiento, además de financiación para infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y servicios públicos, cuestión que atañe al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo estímulo se pretende a partir de una estrategia navarra coordinada con los diferentes instrumentos y sectores de la UE.

 

En ese sentido y dado que el PIB per cápita (principal criterio redistributivo) no recoge la complejidad de zonas despobladas como el Pirineo Occidental, se insiste en la necesidad de introducir nuevos factores que reflejen el desequilibrio entre amplias zonas urbanas y rurales del sur de Europa, de modo que el presupuesto de la UE (2021-27) destinado a desarrollo regional y política de cohesión (principal fondo económico solidario) compense mejor los enormes contrastes entre territorios limítrofes.

 

Con ese propósito, se emplaza a reactivar la Ley 45/2007 de Desarrollo del Medio Rural, al entender que los contratos territoriales de explotación o los planes de zona contemplados en la misma no han sido suficientemente explorados, para lo cual se demanda financiación adecuada.

 

En otro orden de cosas, el dictamen establece una serie de criterios generales y transversales a tener en cuenta en el diseño de las políticas, entre cuyas prioridades figura garantizar la extensión de la banda ancha (fibra óptica o red de transporte vía radio) a todos los municipios y polígonos industriales. Se da un plazo de cinco años y se exime de coste a los municipios.

 

A su vez, y dentro de los incentivos dirigidos a impulsar el desarrollo de los Pirineos Orientales, se apuesta por explotar las posibilidades y criterios de la nueva Ley Foral de 2/2018 de Contratos Públicos, en aspectos como la transacción pública responsable o la licitación de contratos por lotes, de manera que la Administración contribuya a difundir la “compra verde y el consumo ecológico y de temporada”.

 

Por otra parte, se demanda una aplicación flexible de la normativa de seguridad e higiene a fin de que, sin merma de los estándares mínimos, se genere un clima de confianza y tranquilidad que coadyude al impulso de nuevas iniciativas y actividades. A tal objeto, se defiende la aplicación de incentivos que hagan viable que profesionales de distintas áreas o departamentos del Gobierno de Navarra se asienten en la zona.

 

El dictamen concluye solicitando el diseño de instrumentos normativos lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las peculiaridades de cada comarca, acompañados de mecanismos operativos, organizativos y financieros capaces de asegurar una atención “sistemática, planificada y evaluada”. Todo ello para garantizar un “umbral mínimo de servicios e infraestructuras” que contribuya al mantenimiento de la población, a la atracción de nuevos residentes y a la continuidad de la actividad agrícola, ganadera y forestal, “esencial para la preservación de la identidad y del patrimonio cultural y lingüístico”.

 

El dictamen contiene una descripción exhaustiva de la situación de los Pirineos Orientales para, atendiendo a las características y evolución y la población, poner de manifiesto la “gravedad y la especificidad” de la coyuntura en dicho territorio.

 

Entre los datos que se destacan están los referidos a la acentuada pérdida de población, ‑18.000 habitantes en 1900, 3.600 reales en 2017‑ y al elevado índice de despoblación, el mayor de Navarra, de hecho el Pirineo fue la única zona de Navarra que perdió población entre 1999 y 2009 (un 6%). A ello se añade la dispersión, pues la densidad de los valles pirenaicos es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 60 de media del conjunto de Navarra.

 

La media de edad de las localidades pirenaicas es muy alta, con un grado de sobre-envejecimiento palmario (más de 80 años), sobre todo entre las mujeres (más del 12%).

 

La zona de los Pirineos es, además, la comarca con menor porcentaje de jóvenes de toda Navarra. En 1998 la población joven era de 1.216 habitantes, 867 en 2007 y 605 en la actualidad.

 

En el plano educativo, es notorio el paulatino descenso de centros educativos en funcionamiento, 13 en 1990, 7 en 2017. En 1850 no había ningún pueblo sin escolares, en 1982 eran 3 y en 2017 15.

 

El diagnóstico se completa con una detallada mención al déficit de servicios que termina por presentar a los Pirineos como un “entorno restrictivo para proyectos vitales”, también en lo que tiene que ver con las dificultades para adecuar la vivienda tradicional a los usos, necesidades y características del modo de vida actual.

 

Bajo la presidencia de Dabid Anaut (G.P. EH Bildu), la Ponencia ha estado integrada por Luis Casado (UPN), Rafael Eraso (G.P. Geroa Bai), Rubén Velasco (Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai), Ainhoa Unzu (PSN), Javier García (A.P.F. PPN) y José Miguel Nuin (A.P.F. I-E).

 

En el curso de sus trabajos, divididos en 22 sesiones celebradas tanto en el Parlamento como en distintas localidades, se han recabado las valoraciones y propuestas de los diferentes agentes sociales e institucionales del Pirineo, así como las respuestas ofrecidas por los diversos organismos públicos consultados.

 

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se ha aprobado, a modo de anexo, una resolución en la que la Cámara pone de relieve que comparte el análisis y las conclusiones del dictamen, insta al Gobierno de Navarra a poner en práctica las recomendaciones, asume el seguimiento de su ejecución y se compromete a la observancia de la realidad de los Pirineos Orientales en su tarea legislativa. El texto, suscrito por todos los grupos y agrupaciones, ha prosperado por unanimidad.

 

La resolución aprobada dice lo siguiente:

 

1.- El Parlamento de Navarra comparte el análisis de la Ponencia para analizar la situación de los Pirineos Orientales de Navarra, en el que se describe la situación de dicho territorio, especialmente los apartados que recogen tanto la gravedad como la especificidad de la situación de dichos valles y municipios, así como los que reflejan la necesidad de una visión y una política específicas por parte de las instituciones navarras.

 

2.- El Parlamento de Navarra comparte las conclusiones recogidas en el dictamen elaborado por la Ponencia para analizar la situación de los Pirineos Orientales de Navarra, fruto del análisis compartido por el Parlamento con agentes sociales e institucionales de la zona.

 

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a considerar y poner en práctica las recomendaciones recogidas y formuladas en el dictamen de la Ponencia, así como a estudiar, tener en cuenta y valorar en la ejecución de sus políticas en todos los ámbitos los documentos, informes y propuestas realizadas y transmitidas por los distintos agentes, tanto sociales como institucionales.

 

4.- El Parlamento de Navarra se compromete, en el marco de su labor de control de la acción del Gobierno, a prestar atención y hacer seguimiento de la ejecución y puesta en práctica por parte del Gobierno de Navarra de las recomendaciones recogidas en el dictamen de la Ponencia.

 

5.- El Parlamento de Navarra se compromete a considerar y poner en práctica las recomendaciones del dictamen de la Ponencia que se refieran y afecten a su labor legislativa, así como a contemplar la realidad específica de los Pirineos Orientales a la hora de legislar.