El Presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha recibido hoy en su despacho oficial a José Antonio Sánchez Sanchez-Villarés, Fiscal Superior de la Comunidad Foral de Navarra, quien le ha hecho entrega formal de la Memoria de la Fiscalía Superior de Navarra correspondiente al año 2020. Sánchez comparecerá en la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior dentro de las reuniones formales previstas.

En el transcurso del encuentro, José Antonio Sánchez ha trasladado al Presidente las principales líneas de actuación del Ministerio Fiscal en Navarra, tanto en el área penal como en las demás en las que desarrolla su función el Fiscal ante los órganos jurisdiccionales, como en el ámbito civil, especialmente en sus funciones de protección de menores e incapaces, como en el mercantil y contencioso administrativo.

La memoria contiene datos relativos a los procedimientos que han tenido entrada a lo largo del año en la Fiscalía de Navarra, haciendo referencia tanto a la evolución cuantitativa como cualitativa de los mismos. También reporta datos relativos a actuaciones concretas del Fiscal, como escritos de acusación formulados a lo largo del año pasado, en total 2.750 en causas penales, y asistencia a juicios penales por parte del Fiscal, en total 2.728.

Estas cifras, según ha explicado el Fiscal Superior, suponen un notable descenso respecto de las de años anteriores, como consecuencia de la suspensión de los plazos procesales decretada en el marco de las medidas anti Covid, así como de la menor actividad delictiva producida durante el período de confinamiento.

La Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra la integran 21 fiscales. El Fiscal Superior asume la jefatura de dicha fiscalía.

La sede de la Fiscalía radica en Pamplona. Tudela cuenta con una sección territorial donde desempeñan sus funciones tres fiscales. Al igual que el resto de los fiscales, los de Tudela dependen directamente del Fiscal Superior.

La principal función del fiscal es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Su función es, en definitiva, defender la legalidad con absoluta imparcialidad.