Publicada el Martes, 21 de Mayo de 2024

La Comisión de Salud considera que el Gobierno de Navarra no ha cumplido la resolución que le instaba a regular la prestación ortoprotésica

Desde que se aprobara el nuevo Reglamento, es la primera vez que el Legislativo Foral enjuicia la responsabilidad del Ejecutivo en relación con el cumplimiento de una resolución

La Comisión de Salud ha resuelto hoy, con los votos a favor de UPN, EH Bildu, PPN y Vox y los votos en contra de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que el Gobierno de Navarra no ha dado cumplimiento a la resolución por la que, a iniciativa del grupo mayoritario, se le instaba a modificar el Decreto Foral 33/2023, de 29 de marzo, que regula la prestación ortoprotésica de Navarra.

 

La decisión de la Comisión de Salud se enmarca en el procedimiento que, en aras al control del cumplimiento de las mociones, se establece en el artículo 222 del nuevo Reglamento, donde, en ausencia de plazos concretos, se otorga un margen de cuatro meses al Gobierno de Navarra para dar cuenta de la ejecución de la encomienda.

 

El Departamento de Salud remitió el 13 de marzo información acerca del estado de cumplimiento de la resolución, comunicación de la que la Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, se dio por enterada el día 18.

 

Haciendo uso de los mecanismos de examen y comprobación habilitados en el artículo 222, la portavoz de Salud de UPN -podría haberlo hecho cualquiera de los grupos que votaron a favor de la moción- solicitó el día 27 de marzo someter a la consideración de la Comisión la respuesta del Gobierno de Navarra a los requerimientos de la resolución aprobada en Pleno.

 

Todos los grupos que respaldaron la resolución impulsada por UPN han coincidido en que el Gobierno, al que se dará traslado del resultado de la rendición de cuentas, no ha observado en tiempo y forma el emplazamiento de la Cámara.

 

Desde que, a finales de la pasada legislatura, se aprobara el nuevo Reglamento, es la primera vez que el Parlamento de Navarra enjuicia la responsabilidad del Gobierno en relación con el cumplimiento de una resolución.