Publicada el Jueves, 4 de Febrero de 2021

Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2019

Aprobación en Pleno. Día 4 de febrero de 2021

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, la Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2019, que recoge unos gastos de 4.396,18 millones (+ 5,2%, 216,51 millones) y unos derechos reconocidos netos de 4.415,96 millones (+ 7,6%, 313,30 millones).

 

Según el informe remitido en su día por la Cámara de Comptos, las cuentas generales de Navarra de 2019 ofrecen una visión general sobre la situación económico-financiera de la Administración Foral. En ese sentido, el informe recoge las cuentas del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra, las sociedades y fundaciones públicas, el Parlamento y sus órganos dependientes: Cámara de Comptos y Defensor del Pueblo.

 

En cuanto a las cuentas del Gobierno de Navarra, en 2019 pagó 4.258,71 millones de euros y tuvo una recaudación neta de 4.314,67.

 

El capítulo más importante de gastos corresponde a las transferencias corrientes, con 1.580,61 millones (+4%), que suponen el 36% de las obligaciones reconocidas. Le sigue personal, con 1.406,20 millones (+12%).

 

Los gastos corrientes en bienes y servicios sumaron 671,51 millones (+7%), destacando el aumento en algunos conceptos relacionados con la adquisición de material y suministros (6%, 24 millones), la gestión de la cartera de Servicios Sociales (11%, 12 millones) y los conciertos de asistencia sanitaria (5%, 3 millones). Las inversiones ascendieron a 135,71 millones (+11%).

 

Respecto a los ingresos, los impuestos directos suman 1.960,52 millones y los indirectos 1.975,29 millones. La tercera fuente más importante de financiación es el endeudamiento, con 214,46 millones.

 

El saldo presupuestario no financiero (diferencia entre ingresos y gastos no financieros) resultó positivo en 150,86 millones, mejorando esa cifra respecto al año anterior un 61% (56,99 millones). El resultado presupuestario ajustado alcanza los 148,50 millones, cifra superior a la de 2018 en un 285% (38,54 millones). El remanente de tesorería para gastos generales es también positivo y alcanza los 138,78 millones, si bien disminuye un 12% respecto al ejercicio anterior.

 

El porcentaje más alto de gasto, 25%, va destinado a Sanidad, seguido de Educación con el 16%. El Convenio Económico con el Estado se lleva el 13% del gasto total, 548,11 millones (+3,4%) por las competencias no asumidas. El incremento obedece al ajuste definitivo de la aportación de 2018, que fue idéntica a 2017 debido a que no se aprobaron los PGE y, en consecuencia, tampoco los índices de actualización provisionales. Los ajustes aplicados corresponden a los impuestos indirectos, IVA e impuestos especiales, y se calculan conforme a las fórmulas y métodos previstos en el Convenio. Respecto a 2015, la aportación al Estado se reduce un 10%, debido a la fórmula acordada por ambas administraciones en diciembre de 2017. La deuda pública supone el 9% y los servicios sociales y promoción social el 8%.

 

Respecto a 2018, se observa un aumento del 13% en la recaudación líquida tributaria, hasta alcanzar los 3.941,13 millones. Esta recaudación supone un 19% del PIB de Navarra, porcentaje que supera al de 2018 en dos puntos.

 

La deuda financiera de la Administración Foral a coste amortizado a 31 de diciembre de 2019 ascendía a 2.961,09 millones (-4%), de los que el 10% vence a corto plazo y el resto, 2.679,31 millones (-4%), a largo plazo. Sobre los ingresos corrientes, este importe representa el 71%, lo que supone nueve puntos porcentuales menos que en 2018. La carga financiera ha disminuido respecto a 2018 debido, entre otros aspectos, a que en ese ejercicio se llevó a cabo una amortización anticipada significativa.

 

El tipo de interés medio global de la deuda en 2019 se ha reducido del 2,35% al 2,11%. En cuanto a las previsiones de amortización del conjunto de la deuda, el 50,3% se debe amortizar antes de 2025, año en el que se prevé una amortización del 79,3%.

 

En septiembre de 2020, una agencia de rating asignó a la deuda a largo plazo de Navarra la calificación de “AA- con perspectiva estable” (nivel máximo permitido), nota de solvencia superior a la del Estado.

 

Respecto a los avales concedidos por la Comunidad Foral, ascienden a 999,68 millones.

 

El informe del órgano fiscalizador señala que el sector Administración Pública de la Comunidad Foral en 2019, a efectos de la normativa de estabilidad presupuestaria y en términos de contabilidad nacional, cumplió las reglas fiscales establecidas en la misma, salvo la referida a la regla del gasto.

 

Del análisis de la situación económico financiera de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos se deduce una mejoría en los indicadores que la definen, salvo en el caso del remanente de tesorería. En este contexto hay que tener en cuenta que existe deuda por un importe relevante que ha de ser amortizado en años venideros, y que está condicionada por el calendario establecido y por la variación de los tipos de interés.

 

Señala el órgano fiscalizador, si bien el escenario generado por la COVID-19 no ha tenido un impacto directo en las cuentas anuales del ejercicio 2019, un análisis adecuado de la situación económico financiera exige tener en cuenta esta circunstancia. Por ello, aunque en el momento actual no se puede evaluar en toda su extensión el impacto real de esta crisis sanitaria, sí se puede afirmar que “la situación de mejoría detectada en 2019 es posible que no tenga continuidad en 2020”.

 

Por otra parte, en su informe la Cámara de Comptos llama la atención sobre el descenso del número de plazas fijas y el alto porcentaje de plazas vacantes. Según ese análisis, de las 23.682 plazas de la Administración Foral 7.444 están vacantes, lo que indica un porcentaje del 31% sobre el total de plazas. En ese sentido, ddstaca el alto grado de temporalidad en Osasunbidea (60%), Educación (49%) y Administración Núcleo (30%). Así las cosas, la Cámara de Comptos recomienda adoptar las medidas necesarias para reducir la temporalidad, que “ante la necesidad de seguir prestando servicios al ciudadano, sigue incrementándose”.

 

En cuanto a las empresas públicas, existen 16 con un patrimonio neto de 969,47 millones y una deuda de 65,47 millones. El resultado consolidado del ejercicio arrojó 7,16 millones de ganancia. Las sociedades públicas cuentan con una plantilla total de 1.241 empleados, incluidos los de alta dirección.