El Pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y la abstención de Vox, la Ley Foral de Áreas de Promoción Económica.

La Ley Foral impulsada por el Gobierno tiene por objeto posibilitar la creación de Áreas de Promoción Económica, cuya finalidad es promover iniciativas que comporten la revitalización de los centros urbano y/o la mejora y el fomento de otros entornos, tales como polígonos industriales o zonas turísticas.

Este instrumento, dirigido a la regeneración y la gobernanza urbana de las zonas donde se focaliza el desarrollo económico, no es sino una adaptación de la fórmula del sector privado conocida como BID (Business Improvement District), cuyas limitaciones, sobre todo en lo relativo a la “alta dependencia de las ayudas y subvenciones públicas”, se pretende superar.

A tal fin, la presente Ley Foral configura las Áreas de Promoción Económica como entidades privadas, sin ánimo y de gestión autónoma, que persiguen la mejora del atractivo y la competitividad de una determinada zona, en aras a dar satisfacción a los agentes económicos que operan en esa demarcación.

Sólo se constituirán dichas Áreas allí donde el empresariado y los profesionales así lo decidan, para lo cual deberán contar con el respaldo de quienes se beneficiarán de sus actuaciones, razón por la que deberán comprometerse a financiarlas.

El sistema de financiación, por tanto, se basa en aportaciones obligatorias de los titulares de las actividades económicas y de quienes ostenten la propiedad de bienes inmuebles (desocupados) que no puedan ser destinados a viviendas, pero resulten aptos para esa clase de labores. Las cuotas tendrán la consideración de prestación patrimonial de carácter público no tributaria, ya que la Comunidad Foral tiene competencia sobre las Haciendas Locales de su territorio.

La creación de Áreas de Promoción Económica no puede imponerse desde el sector público, si bien su constitución debe ser autorizada por los municipios, previa comprobación de que su plan de actuación se adecúa a los intereses generales y no supone una invasión de las competencias públicas, motivo por el que, además, contarán con representantes en la Asamblea General y en la Junta Directiva de dichos organismos.

Entre los mecanismos de control previstos para asegurar el cumplimiento de los fines propios de las Áreas de Promoción Económica se encuentra el convenio entre estas y el municipio al que se encuentren vinculadas. Ahí es donde se establecerán las obligaciones de las partes para, fundamentalmente, garantizar la coordinación de intereses públicos y privados.

Según se hace constar en la Ley Foral a modo de colofón, los motivos para impulsar y promocionar la actividad económica urbana no se reducen a causas de índole comercial y financiera (generar riqueza y empleo), sino que alcanzan a la esfera identitaria (comercio de personalidad propia y diferenciada), medioambiental (reducir la movilidad y los desplazamientos) e incluso de cohesión social (evitar la degradación de esas zonas).

Todo ello no hace sino corroborar la eficacia de este instrumento de colaboración público-privada, un “enfoque estratégico” concebido para generar un espacio de colaboración entre distintos intereses locales, en este caso involucrando a propietarios de inmuebles, profesionales, impresarios, autoridades y comunidades.

La Ley Foral de Áreas de Promoción Económica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BON.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación del proyecto de Ley Foral (BOPN, nº 103, de 13-09-2024)
• Publicación de las enmiendas (BOPN, nº 130, de 08-11-2024)
• Publicación del dictamen (BOPN, nº 136, de 19-11-2024)
• Enlace con el debate de la ley
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