El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos a favor de UPN, PPN, Grupo Mixto y no adscrita, la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud.

La proposición de Ley Foral impulsada por el G.P. PPN tenía por objeto “blindar el derecho de la población rural a una atención urgente de calidad para, de conformidad con el compromiso institucional de equidad territorial en el acceso a los servicios de salud, evitar que el lugar de residencia mediatice la cobertura sanitaria del 35% de la población, localizada en municipios de menos de 5.000 habitantes”.

A tal objeto y en respuesta al plan gubernamental que plantea el “cierre de once puntos de atención continuada y urgente”, algo que de consumarse afectaría a “45.000 habitantes de más de 200 pueblos, muchos de ellos en situación de especial vulnerabilidad por edad o patologías crónicas”, el PPN propugnaba “dotar a toda zona básica de salud de atención presencial las 24 horas de día, los 365 días del año, incluidos los medios técnicos precisos para urgencias vitales”.

En ese marco y de acuerdo con la reforma normativa sugerida, “ningún núcleo de población quedaría a más de 30 minutos de un punto de atención urgente con capacidad de estabilización y primera respuesta. Y ninguna zona con población superior a 2.000 habitantes o que agrupe a más de 10 núcleos poblacionales dejaría de disponer de un servicio de urgencias con presencia física permanente de personal médico y de enfermería”.

Cualquier modificación en la organización de los servicios de atención continuada y urgente en el medio rural requeriría, entre otros, de “informe preceptivo y vinculante del Consejo Navarro de Salud y de audiencia previa a los ayuntamientos afectados, a los colegios profesionales sanitarios y las sociedades científicas de atención primaria y urgencias”.

Además y según se hacía constar, el cierre o la reducción de horarios de cualquier punto de atención continuada solo podría materializarse previa acreditación de la existencia de una “alternativa asistencial con respuesta no superior a 15 minutos para urgencias vitales”. Ello debería ir acompañado de “mejoras en los indicadores de salud de la población afectada, así como en la accesibilidad de las personas mayores de 65 años o con movilidad reducida”.

La proposición de Ley, valorada en 8 millones, contemplaba la puesta en marcha de un Plan de Fortalecimiento de la Atención Urgente Rural que, con un “mapa actualizado de necesidades y recursos, protocolos de coordinación y un plan de incentivos profesionales para la cobertura de plazas de difícil provisión”, debería estar ultimado en el plazo de seis meses.

Con carácter general, el mantenimiento de la red de atención urgente rural se vinculaba a la disposición de “créditos no inferiores al 3,5% del presupuesto del Departamento de Salud”.

Por su parte, los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno de Navarra han hecho suyo el informe de disconformidad del Ejecutivo Foral a propósito de la toma en consideración de esta proposición de Ley.

Así, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han alegado que, más allá de los defectos formales de la proposición, existen una serie de “incongruencias” en relación con diferentes cuestiones, como los tiempos de espera o la cobertura de plazas de difícil provisión, y, en general, con la reorganización de la atención continuada y urgente en Navarra, un asunto sobre el que el Ejecutivo “está ultimando una propuesta”.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 143, de 28-11-2025)