Publicada el Jueves, 27 de Mayo de 2021

Rechazada una moción para instar al Ejecutivo Foral a asumir la resolución aprobada por el Congreso en relación a la oficialidad de las lenguas propias

La Cámara no respalda el “acuerdo de mínimos” auspiciado por la Red Europea para la Igualdad Lingüística, que exige respeto a los tratados internacionales suscritos por España

El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de Navarra Suma y PSN y los votos a favor de Geroa Bai,  EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, una moción para que la Cámara “haga suyo el acuerdo de mínimos y la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados” en relación a las lenguas propias.

 

Entre los “compromisos” a los que, a resultas de esa asunción, se hubiera adherido el Parlamento de Navarra se encuentra la “voluntad de impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan”.

 

Además, se hacía constar la decisión de “permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción reciproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos”.

 

Asimismo, se proponía que el Legislativo Foral consignara el “respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado”.

 

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, el Parlamento de Navarra se comprometía a “adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de estos compromisos e instar al Gobierno de Navarra a actuar en la misma dirección”.

 

En la exposición de motivos, la moción impulsada por los G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e IE invocaba el “consenso mínimo” recogido en la proposición no de Ley que, sobre la base del manifiesto Pluralidad Lingüística: libertad, igualdad, democracia, aprobó el Congreso de Diputados el pasado 9 de marzo, y ponía de relieve la “necesidad de que el Estado español cumpla los acuerdos y tratados internacionales que en aras a la defensa y garantía de los derechos lingüísticos ha ratificado”.

 

En ese contexto y tras hacer mención a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y al Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, estos dos últimos “documentos consensuados por la sociedad civil, entidades de reconocimiento internacional y personas expertas”, se insistía en “garantizar la igualdad, la libertad y la justicia inherentes a un estado democrático basado en los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo”.

 

El manifiesto que, elaborado por la Red Europea para la Igualdad Lingüística (ELEN), sirvió de referencia para la proposición no de ley fue suscrito en 2019 por diez asociaciones que trabajan en favor del aragonés, el euskera, el asturiano, el gallego y el catalán. Son, según se explicita, las siguientes: Nogará, Kontseilua, Iniciativa Po Asturianu, A Mesa Pola Normalización Lingüística, Acció Cultural del País Valencià, Ciemen, Escola Valenciana, Ómnium y Plataforma per la Llengua.