El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “incluir en el Real Decreto 140/2003, sobre los criterios de calidad de aguas de consumo humano, la lista de sustancias prioritarias y prioritarias peligrosas, así como los parámetros de control y sus límites establecidos en el Real Decreto 817/2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno de Navarra a que “en posibles modificaciones del Decreto Foral 231/1986, de 31 de octubre, por el que se establece una red de centros de vigilancia sanitaria de las aguas potables de consumo público, se contemplen las sustancias prioritarias y prioritarias peligrosas”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra a que, “previo análisis de riesgo para la salud humana, se declaren como aguas no aptas para consumo humano las que provengan de zonas de abastecimiento que incumplan las normas de calidad ambiental para las sustancias prioritarias y otros contaminantes”.

Asimismo, se compele al Gobierno español a “corregir las deficiencias de la 2º fase de los Planes Hidrológicos a ejecutar en el horizonte 2022-2027 y se apliquen las medidas correctoras específicas para la eliminación de las sustancias prioritarias, en las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo con la legislación ambiental en vigor”.

Por último, se llama al Gobierno de Navarra a “promover en el ámbito foral una mesa de acción institucional y social que incluya la participación de todas las administraciones locales afectadas por emplazamiento donde hubiera habido lindano, organizaciones de la sociedad civil y representantes del ámbito técnico-científico, al objeto de desarrollar una acción institucional coordinada a nivel estatal y europeo, para intercambiar conocimientos y para movilizar los fondos económicos, estatales y europeos necesarios para abordar un plan de acción integral para desarrollar las tareas de investigación y remediación”.

La redacción original tenía otro punto, eliminado tras la aprobación de una enmienda in voce presentada por el titular de la iniciativa, EH Bildu, que instaba al Gobierno español a “que, en el ejercicio de sus competencias, lidere a las demás instituciones con competencias a una acción coordinada a nivel autonómico, estatal y europeo para intercambiar conocimientos sobre la descontaminación, se cree una Mesa de Acción institucional y social que incluya la participación de las autoridades públicas implicadas (estatales, autonómicas forales, y municipales), organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, otras asociaciones y representantes del ámbito técnico-científico, para intercambiar conocimientos sobre la descontaminación, movilizar los fondos europeos, estatales y autonómicos necesarios y abordar un plan de acción integral para desarrollar las tareas de investigación y remediación”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. EH Bildu habla del HCD-lindano, un compuesto químico que ha sido utilizado como pesticida e insecticida, prohibido en la UE desde 2008 y que su presencia supone, además de un peligro medioambiental, un peligro de salud pública, tras calificarlo la OMS en 2015 como “cancerígeno para los seres humanos”.

Según se precisa, el proceso de fabricación del producto, además, era altamente generador de residuos (por cada kg de producto se generaban entre 9kg de residuos con las mismas características contaminantes), y durante años los residuos fueron vertidos de forma incontrolada. Aunque a partir de los 80 comenzaron a trasladarse los residuos de lindano a zonas alejadas y de escasa población, se advierte de que hoy en día se sigue detectando su presencia por parte de las confederaciones hidrográficas en bastantes cursos de agua distribuidos por casi todo el estado español.

Por todo ello, se exige la adopción de diferentes medidas de manera coordinada a nivel autonómico, estatal y europeo para, entre otros, abordar un plan de acción integral para desarrollar las tareas de investigación y remediación.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 14, de 31-01-2020)
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