La Comisión de investigación ha aprobado hoy el dictamen en relación con el examen de las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este, en el período comprendido en las cuatro últimas legislaturas, tanto a personas físicas como jurídicas señaladas en el marco de la Causa Especial 20775/2020 de la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

 

El documento aprobado integra las conclusiones generales suscritas conjuntamente por PSN, EH Bildu y Geroa Bai, y las recomendaciones elevadas por estas tres siglas, más Contigo-Zurekin.

 

El resto de las conclusiones aportadas por cada grupo de manera individual han sido desestimadas. Las de UPN, PPN y G-Mixto con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Y las de estas cuatro formaciones con los votos en contra de UPN, PPN y G-Mixto y las abstenciones cruzadas del resto.

 

El plazo habilitado para el mantenimiento de las conclusiones desestimadas como votos particulares concluye este próximo viernes, día 12, a las 12:00.

 

Previamente al inicio de la Comisión, se ha sometido a votación la admisión a trámite de todos los documentos presentados por los grupos parlamentarios, incluidos los dos suscritos de manera conjunta. La negativa de los representantes de UPN, PPN y G-Mixto se ha revelado insuficiente ante el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

 

Las conclusiones generales aprobadas por la Comisión de Investigación a instancias de PSN, EH Bildu y Geroa Bai proclaman que no ha quedado acreditada la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos, funcionarios o empresas adjudicatarias en relación con los expedientes analizados.

 

Según el informe consensuado por los grupos parlamentarios que, con carácter general, respaldan al Gobierno de Navarra, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

 

No obstante, se constata la existencia de irregularidades y deficiencias procedimentales en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate. Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

 

En lo que atañe a las empresas adjudicatarias, la Comisión considera que, si bien la existencia de vínculos o relaciones con personas investigadas judicialmente justificaba el escrutinio parlamentario realizado, la información recabada no permite establecer una conexión probada entre esas circunstancias y decisiones concretas de adjudicación adoptadas por la Administración de la Comunidad Foral o sus entidades públicas.

 

Por lo que respecta a la actuación de la Mesa de Contratación de Belate, el dictamen señala que no ha quedado acreditada la existencia de injerencias políticas directas o indirectas sobre sus integrantes, dado que las personas comparecientes vinculadas a dicho órgano manifestaron de forma coincidente no haber recibido instrucciones ni presiones para orientar sus valoraciones técnicas o el sentido de sus votos. Con todo, la Comisión recoge la existencia de determinadas actuaciones y comunicaciones que considera impropias desde la perspectiva de la buena administración y de la necesaria imparcialidad en el funcionamiento interno de la Mesa, aunque entiende que no se ha probado que influyeran en la decisión adoptada.

 

Finalmente, la Comisión subraya que la ausencia de acreditación de conductas corruptas o injerencias políticas no equivale a una constatación definitiva de su inexistencia, ya que las limitaciones propias de una investigación parlamentaria impiden descartar de manera concluyente extremos cuya eventual determinación correspondería, en su caso, a los órganos jurisdiccionales competentes.

 

En el capítulo de recomendaciones, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin plantean en el dictamen la adopción de un conjunto de medidas orientadas a reforzar la integridad, la transparencia y los mecanismos de control en la contratación pública de la Comunidad Foral.

 

Entre las propuestas principales figura la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública que incluya la revisión de los modelos de pliegos, la regulación de los sistemas de valoración sujetos a criterios de apreciación técnica, la implantación de mecanismos de detección de conflictos de intereses, el fortalecimiento de las garantías frente a eventuales situaciones de corrupción y una delimitación más clara de las relaciones entre responsables públicos y operadores económicos.

 

Asimismo, se propone la modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos, al objeto de reforzar la independencia y el funcionamiento de las mesas de contratación, clarificar determinados aspectos procedimentales y extender al sector institucional diversos mecanismos previstos para la preparación y adjudicación de contratos.

 

La Comisión recomienda, igualmente, incrementar los medios personales y materiales destinados a la función interventora y a los órganos de control, optimizar los sistemas de contratación electrónica para garantizar la trazabilidad completa de los expedientes, ampliar las obligaciones de publicidad activa de los contratos públicos y consolidar el papel de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción como instrumento de prevención, supervisión y apoyo institucional.

 

Junto a ello, el dictamen asume las recomendaciones formuladas por el Observatorio de la Contratación Pública de cara a prevenir riesgos de corrupción. Entre estas, destacan el fortalecimiento de los principios de publicidad y transparencia, una mayor claridad y uniformidad en las condiciones de licitación, la limitación de las modificaciones contractuales, el desarrollo de sistemas de control preventivo y de recursos eficaces, la profesionalización de los gestores públicos y la promoción de programas de cumplimiento normativo en las empresas que contratan con las administraciones.

 

Las recomendaciones inciden también en la necesidad de avanzar hacia modelos de contratación abierta y rendición de cuentas, así como en la conveniencia de mejorar la supervisión de los procedimientos mediante órganos especializados dotados de medios suficientes. También se habla de posibilitar una gobernanza de la contratación pública basada en la prevención, la detección temprana de riesgos y la garantía de la competencia efectiva.

 

Finalmente, la Comisión acuerda trasladar el contenido de estas recomendaciones al Gobierno de Navarra para su eventual impulso normativo y administrativo, así como a la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), la Cámara de Comptos y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), para su conocimiento y consideración.

 

Las conclusiones de Contigo-Zurekin (rechazadas por UPN, PPN y G-Mixto, con las abstenciones de PSN, EH Bildu y GB) defienden que los trabajos de la Comisión han puesto de manifiesto la existencia de relaciones de proximidad entre determinados responsables políticos, empresariales y económicos que, aun sin acreditar prácticas corruptas en las adjudicaciones examinadas, consideran incompatibles con los estándares de transparencia y ejemplaridad exigibles a una democracia representativa.

 

Asimismo, la coalición considera acreditadas diversas irregularidades y malas prácticas en materia de contratación pública, especialmente en el procedimiento de adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate y en determinadas promociones de vivienda pública gestionadas por Nasuvinsa. Entre otras cuestiones, alude a deficiencias en los sistemas de control, a la insuficiente regulación del funcionamiento de las mesas de contratación, a la desaparición de documentación relevante en algunos expedientes y a carencias en el seguimiento del cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales.

 

Respecto a las obras analizadas, Contigo-Zurekin entiende que los informes emitidos por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, la Intervención General y la Cámara de Comptos evidencian la necesidad de reforzar las garantías de objetividad, imparcialidad y transparencia en los procesos de adjudicación, así como de clarificar diversos aspectos de la normativa vigente para reducir la inseguridad jurídica existente en materia de contratación pública.

 

Las conclusiones hacen referencia también a distintas contradicciones detectadas durante las comparecencias celebradas en el seno de la Comisión, tanto en relación con el traslado de un técnico vinculado al expediente de Belate, como respecto a determinadas facturas asociadas al denominado caso Koldo, circunstancias que, a juicio de C-Z, podrían requerir una valoración adicional por parte de las instancias competentes.

 

No obstante, y pese al conjunto de irregularidades, deficiencias administrativas y prácticas consideradas incompatibles con los principios de buen gobierno, Contigo-Zurekin concluye que la investigación parlamentaria no ha permitido acreditar la existencia de tráfico de influencias, injerencias políticas o empresariales, ni actuaciones dirigidas a favorecer adjudicaciones concretas a cambio de contraprestaciones económicas o cualquier otra ventaja indebida.

 

En el apartado de recomendaciones, Contigo-Zurekin plantea reforzar los mecanismos de transparencia y control sobre las relaciones entre responsables públicos y operadores económicos, reformar la Ley Foral de Contratos Públicos para clarificar el régimen aplicable al sector público institucional y desarrollar un reglamento general de contratación que asegure la independencia, trazabilidad y objetividad de los procedimientos de valoración y adjudicación.

 

Ya en el bloque de la oposición, las conclusiones defendidas por UPN, PPN y G-Mixto (todas desestimadas) ofrecen una interpretación muy diferente en relación con el objeto y contenido de las distintas actuaciones efectuadas en sede parlamentaria. Los tres grupos coinciden en la apreciación de indicios reforzados de adjudicación irregular, en la exigencia de responsabilidades políticas al más alto nivel y en la propuesta de mejora de los mecanismos de control, transparencia y protección de empleados públicos.

 

Las conclusiones de UPN sostienen que los trabajos de la Comisión han reforzado los indicios sobre la posible existencia de una trama de influencia y adjudicación irregular de contratos públicos vinculada a las empresas Servinabar y Acciona, en el marco de las investigaciones que actualmente desarrollan la Guardia Civil y los órganos judiciales competentes. A decir del grupo mayoritario, la documentación analizada y las comparecencias celebradas apuntan a la existencia de relaciones políticas, empresariales y personales que habrían favorecido la obtención de adjudicaciones públicas por parte de empresas vinculadas a personas investigadas judicialmente.

 

UPN considera especialmente relevante la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate y cuestiona el papel desempeñado por Servinabar en las distintas uniones temporales de empresas adjudicatarias, al entender que durante la investigación no se ha aportado una explicación suficiente sobre su aportación técnica o empresarial efectiva a los proyectos analizados. A su vez, interpreta que la presencia de dicha mercantil en diversas adjudicaciones públicas constituye uno de los principales elementos de preocupación detectados durante los trabajos de la Comisión.

 

Asimismo, UPN atribuye responsabilidades políticas a la Presidenta del Gobierno de Navarra, así como a diversos responsables y exresponsables del Ejecutivo Foral, por estimar que no actuaron con la diligencia debida ante las advertencias e incidencias detectadas en determinados procedimientos de contratación. En este sentido, considera acreditada la existencia de irregularidades administrativas relevantes y, por ello, cuestiona la gestión realizada por el Gobierno, tanto durante la tramitación de algunos expedientes, como en la respuesta posterior a las denuncias formuladas.

 

En esa misma línea, UPN sostiene que el entonces secretario de la mesa de contratación de Belate sufrió represalias a raíz de las advertencias y denuncias efectuadas durante el procedimiento de adjudicación, circunstancia que vincula a decisiones adoptadas por responsables del Departamento de Cohesión Territorial.

 

Por último, UPN considera que las actuaciones analizadas ponen de manifiesto la necesidad de depurar responsabilidades políticas y reforzar los mecanismos de control, transparencia y protección de los empleados públicos que alerten de posibles irregularidades en la contratación administrativa.

 

Las conclusiones del PPN hacen constar irregularidades relevantes en materia de contratación pública, motivo por el que reclama una revisión de los mecanismos de control y la asunción de responsabilidades políticas al Gobierno de Navarra.

 

En concreto, el PPN apunta a los responsables públicos encargados de la supervisión y el control de los expedientes analizados y, a ese respecto, afirma que las anomalías detectadas, los informes emitidos por distintos órganos de control y las incidencias registradas durante los procedimientos de contratación exigen la depuración de responsabilidades políticas por parte del Ejecutivo Foral.

 

Al hilo de lo apuntado, el PPN insiste en que los contratos analizados presentan irregularidades, deficiencias o incumplimientos que afectan a principios básicos de la contratación pública como la transparencia, la igualdad de trato, la concurrencia, la imparcialidad y la adecuada fiscalización del gasto público. En ese sentido, se destaca la relevancia de los informes elaborados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), donde se identifican posibles causas de nulidad de pleno derecho en determinados expedientes.

 

En ese marco, el PPN tilda de especialmente relevante la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, a su parecer el expediente más problemático de todos los examinados. En particular, hace referencia a la existencia de votos particulares, discrepancias internas en la mesa de contratación, denuncias ante la OANA, reparos de Intervención, modificaciones contractuales posteriores y sobrecostes económicos. Tampoco obvia ciertas circunstancias derivadas de la actuación de distintos responsables administrativos vinculados al procedimiento.

 

En cuanto al Navarra Arena, se llama la atención sobre la ausencia de concurrencia empresarial en la licitación y sobre diversos aspectos ligados a la documentación aportada durante el procedimiento.

 

En relación con la rehabilitación del Archivo General de Navarra, el informe del PPN pone el foco en las modificaciones contractuales y los incrementos presupuestarios registrados durante la ejecución de la obra, y cuestiona la eficacia de los mecanismos de control y supervisión aplicados.

 

Las conclusiones del PPN se detienen, a su vez, en la construcción del CPEIP de Arbizu y en las promociones de vivienda protegida de Ripagaina, donde se describen incidencias relacionadas con la documentación de los expedientes, la composición de las uniones temporales de empresas adjudicatarias y el cumplimiento de determinados requisitos establecidos en la normativa y los pliegos de contratación.

 

En términos generales, el PPN aprecia la existencia de patrones comunes en los distintos contratos examinados, entre ellos la reiterada participación de determinadas empresas y personas vinculadas a las adjudicaciones. También se aprecian deficiencias de control administrativo que, a su entender, justifican la necesidad de profundizar en el análisis de los procedimientos de contratación pública desarrollados durante el período investigado.

 

Entre las recomendaciones del PPN, figuran la revisión del funcionamiento de las mesas de contratación y de la normativa en materia de contratación pública, fundamentalmente de cara a reforzar las garantías de transparencia, objetividad y control. Asimismo, se plantea la conveniencia de blindar los mecanismos de protección de los funcionarios públicos que denuncien posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

 

A modo de colofón, el grupo popular manifiesta que la Comisión se ha desarrollado con importantes limitaciones derivadas del rechazo de diversas solicitudes de documentación y comparecencias planteadas por la oposición, circunstancia que, según se aduce, ha dificultado la labor de control parlamentario y, por tanto, el esclarecimiento de las dudas existentes en torno una posible corrupción en la adjudicación de obra pública.

 

Las conclusiones del G-Mixto (Vox) vinculan las adjudicaciones analizadas a un supuesto modelo de influencia política y cuestiona la actuación del Ejecutivo Foral, al que reclama responsabilidades políticas en materia de transparencia, control y contratación pública.

 

El G-Mixto esgrime que la Comisión ha puesto de manifiesto la existencia de irregularidades relevantes en diversos procedimientos de contratación pública, especialmente en relación con las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, pero también en las promociones de vivienda de Nasuvinsa, el Archivo General de Navarra y el Colegio Público de Arbizu.

 

En ese contexto, el grupo minoritario destaca las observaciones realizadas por distintos órganos de control y fiscalización acerca de los procedimientos de adjudicación, con especial mención a cuestiones relacionadas con los sistemas de valoración de ofertas, el funcionamiento de las mesas de contratación, la documentación obrante en los expedientes y las garantías de imparcialidad y concurrencia exigibles en la contratación pública.

 

De entre todas las cuestiones, el G-Mixto hace especial referencia al expediente de Belate, respecto al cual destaca las discrepancias de los miembros de la mesa de contratación y las conclusiones de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) a propósito de posibles incumplimientos en la tramitación del procedimiento.

 

El G-Mixto alude también a las denuncias formuladas por un técnico vinculado al proceso de adjudicación y a las consideraciones efectuadas por la propia OANA sobre las consecuencias derivadas de su posterior traslado de puesto de trabajo.

 

En un plano más general y más allá de retrasos y dificultades en el acceso a determinada documentación, el G-Mixto opina que la ampliación temporal del objeto de la investigación a las cuatro últimas legislaturas ha dificultado la depuración de responsabilidades asociadas a los contratos bajo sospecha.

 

No obstante, el G-Mixto aprecia la existencia de relaciones recurrentes entre determinadas empresas adjudicatarias y responsables políticos, circunstancia que, en opinión del G-Mixto, evidencia la instauración de un modelo de influencia política en torno a la contratación pública de los últimos años.

 

En ese sentido, el G-Mixto atribuye la responsabilidad política última de los hechos investigados a la Presidenta del Gobierno, al entender que las incidencias detectadas en distintos expedientes afectan a departamentos y organismos dependientes del Ejecutivo foral, motivo por el que reclama su dimisión.

 

El G-Mixto hace extensivas sus críticas al Departamento de Cohesión Territorial, al que afea su actuación en la gestión de determinadas infraestructuras, también en lo que atañe a las decisiones adoptadas para asegurar la continuidad de responsables técnicos vinculados a las obras de Belate.

 

El G-Mixto finaliza señalando que, a la vista de las irregularidades, advertencias y controversias detectadas, se impone la necesidad de acometer una profunda revisión de los mecanismos de contratación pública, incluido el refuerzo de los controles administrativos y el fomento de una regeneración institucional orientada a garantizar la transparencia y la igualdad de trato en la adjudicación de contratos públicos.

 

Constituida el 3 de julio de 2025 a iniciativa de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la Comisión de Investigación se ha centrado en “analizar las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a personas o entidades vinculadas al caso para, en el marco de una “apuesta total por la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático”, tratar de “recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

 

A ese respecto el trabajo de la Comisión ha tratado de responder a la “preocupación” generada por diversas “informaciones que involucran a representantes políticos y empresariales en una posible trama de corrupción en relación con las “inversiones financieras efectuadas en distintos procesos de adjudicación de obras públicas”. 

 

Todo ello conforme a las normas aprobadas por la Mesa del Parlamento el 30 de junio de 2025.

 

En el curso de sus trabajos, la Comisión de Investigación ha recabado testimonios, valoraciones y propuestas de diferentes personas físicas y jurídicas, además de funcionarios y cargos públicos. En sus casi 12 meses de actividad ha realizado 54 sesiones, la primera el 15 de octubre de 2025 y la última hoy mismo.

 

Tras su aprobación en el seno de la Comisión de Investigación constituida al efecto, del informe de conclusiones será elevado al Pleno del día 18, para definitivo debate y votación.

 

Las conclusiones aprobadas por el Pleno, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas a la Diputación Foral, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

 

Las Comisiones de Investigación se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.

 

A la sesión de hoy, presidida por Irati Jiménez (G.P. EH Bildu), han asistido Javier Esparza, Pedro González (G.P. UPN), Javier Lecumberri, Ainhoa Unzu (G.P. PSN), Adolfo Araiz (G.P. EH Bildu), Pablo Azcona, Blanca Regúlez (G.P. Geroa Bai), Javier García (G.P. PPN), Miguel Garrido (G.P. Contigo-Zurekin) y Emilio Jiménez (G-Mixto).