La proposición de Ley Foral presentada por el G.P. SPN tiene por objeto “renovar y dotar de un nuevo impulso a las políticas de normalización e integración social de las personas con discapacidad”, para lo cual se plantea la sustitución de la Ley de barreras de 1988 por un nuevo texto que, amén de establecer “nuevas disposiciones y normas dirigidas a facilitar la accesibilidad universal en los distintos entornos, bienes y servicios”, también de las Administraciones Públicas, introduce otros ámbitos de protección, tales como los relacionados con la “sociedad de la información y las telecomunicaciones”.

Así, la nueva iniciativa fija una serie de prescripciones técnicas a las que deben atenerse todos los proyectos, ya sean de urbanización o edificatorios, salvo que de su aplicación se deriven “soluciones inadecuadas o un coste adicional superior al 20%”, en cuyo caso podrán autorizarse “soluciones alternativas” que, sin embargo, deberán “garantizar” la accesibilidad universal y el diseño para todos.

En lo referido al ámbito de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones, se contempla el desarrollo de “convenios con operadores de telecomunicaciones, así como de televisión digital y radio, a fin de garantizar el acceso de los ciudadanos con discapacidad física o sensorial a los servicios de atención al cliente. Asimismo, se prevé asegurar el acceso universal en elementos tales como la firma electrónica o webs públicas.

La proposición de Ley plantea también la constitución de una Comisión Interdepartamental que, adscrita al Departamento correspondiente del Gobierno de Navarra, será la encargada de “impulsar”, “asesorar” y efectuar labores de “vigilancia y control”.

Formarían parte de dicha Comisión un representante de todos aquellos departamentos que, de manera transversal, tengan competencias en el ámbito en cuestión, un vicerrector de la UPNA, un Consejero de la Corporación Pública Empresarial y un miembro de la entidad más representativa del sector de la discapacidad de Navarra.

Finalmente, se dispone que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Ejecutivo Foral deberá presentar en el Parlamento un “plan de actuación” que recoja las “medidas”, el “calendario” y las “cuantías económicas “necesarias para “corregir”, a la mayor brevedad posible, los “déficits” existentes en relación con el derecho de accesibilidad universal y diseño para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Tras la toma en consideración, proposición de Ley Foral de accesibilidad universal y supresión de barreras físicas y sensoriales será debatida en la Comisión de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte.

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Publicación de la proposición de Ley Foral (BOPN, n.º 63, de 19-06-2009)