Noiz argitaratua Osteguna, 2010.eko Azaroak 25

Ley Foral de Salud Mental de Navarra, por la que se establece la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

Aprobación en Pleno. 25 de noviembre de 2010

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor del G.P. Nabai, G.P. SPN y A.P.F. IUN-NEB y los votos en contra del G.P. UPN y A.P.F. CDN, la Ley Foral de Salud Mental de Navarra, por la que se establece la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

La Ley Foral presentada por el G.P. Nabai, G.P. SPN y A.P.F. IUN-NEB tiene por objeto reorganizar los Servicios de Atención en Salud Mental para, mediante la creación de una Dirección en dicha materia, proceder a la elaboración de un Plan que garantice una atención de calidad.

La elaboración, actualización y puesta en marcha de dicho Plan se abordará con recursos propios y en colaboración con el Servicio de Planificación del Departamento de Salud.

La Ley incluye medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de los objetivos de los diferentes planes y a detallar las áreas de acción en Salud Mental.

La proposición presentada por el G.P. SPN tiene por objeto establecer un “código de buen gobierno”, donde se definan los valores que han de regir la actuación de los miembros del Gobierno y de sus altos cargos para responder a las exigencias de los ciudadanos.

El código de buen gobierno incluye una serie de “principios éticos y de conducta”, de forma que los miembros del Ejecutivo y altos cargos “no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas”.

En concreto, se rechazará cualquier regalo que exceda de “los usos habituales, sociales y de cortesía”. Y en el caso de que los obsequios tengan “mayor significación de carácter institucional, se incorporarán al patrimonio de la Comunidad foral”.

La proposición de Ley encomienda el cumplimiento del código de buen gobierno al Gobierno de Navarra, que será así el encargado de adoptar las “medidas oportunas” en el caso de que detecte infracciones de los principios de conducta.

Todo ello con el fin de potenciar la “transparencia” en la gestión pública y, a su vez, “dignificar” la labor pública.
 

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