El Presidente del Parlamento, Alberto Catalán, ha recibido hoy en su despacho oficial a Francisco Javier Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra, quien le ha hecho entrega formal del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012, que contempla 3.022 actuaciones, 705 más que en 2011, lo que supone un incremento del 30,43%.

A la salida del encuentro, Francisco Javier Enériz ha señalado que la “importante actividad” desplegada en 2012 les ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 532 sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales (159 menos que en 2011). Todo ello fruto de los 7.782 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar casi 1.428 consultas (219 más que en 2011) y presentar 1.298 quejas (han gestionado 1.510, 468 más que en 2011), el 62% de ellas fundadas.

El contenido de las quejas pone de manifiesto la pervivencia de las preocupaciones o insatisfacciones en materias de “bienestar social, transparencia y garantía de los derechos” de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración”. Así, el mayor número de quejas tiene que ver con asuntos relacionados con la función pública, bien con los procedimientos de ingreso o provisión de puestos, apartado en el que se reducen un 8%, bien con la gestión del personal funcionario, terreno en el que aumentan un 92%, principalmente por la decisión del Gobierno de España de suprimir la paga extraordinaria de diciembre de 2012 (414 quejas).

El segundo lugar lo ocupan las quejas sobre política social, que al igual que en 2011 y 2010 están directamente relacionadas con la crisis económica. El 30% tienen que ver con la denegación o la demora en la concesión de la renta de inclusión social, así como con los nuevos criterios de concesión; el 21% están vinculadas con la protección de la familia y, fundamentalmente, con el retraso en la resolución y posterior denegación del pago de ayudas por excelencia laboral para el cuidado de los hijos, ante lo cual el Defensor del Pueblo ha recomendado que se amplíe el crédito de la partida presupuestaria correspondiente.

Siguiendo con las quejas sobre bienestar social, otro 13% tienen que ver con la protección al menor; el 8% con la gestión y el pago de ayudas a la dependencia; un 7% con la atención a la discapacidad; otro 7% se debe a situaciones de exclusión social o extrema necesidad; un 6% a prestaciones de asistencia social; y otro tanto a cuestiones relacionadas con la protección de las personas mayores.

A continuación, en tercer lugar, están las quejas inherentes a educación, donde destacan las que giran en torno a ayudas al estudio, admisión o no admisión de alumnos en el centro de su elección, así como las relativas a la gestión de las enseñanzas universitarias.

En cuarto lugar aparecen las quejas tocantes a sanidad, con un incremento significativo de las concernientes a las listas de espera, como consecuencia de la anulación de la normativa que regulaba los plazos máximos de asistencia especializada. El desacuerdo de los pacientes con la atención clínica recibida, el rechazo al copago de prestaciones farmacéuticas y los problemas derivados de la reorganización de los servicios sanitarios son también motivo de insatisfacción.

Seguidamente, tras las quejas sobre las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, centradas en el incumplimiento de los plazos de informar y resolver peticiones y recursos que se formulan, además de en lo inadecuado del trato, se encuentran las conectadas con el ejercicio de los derechos lingüísticos y, en concreto, con el uso del euskera en las Administraciones. En este apartado, las demandas versan sobre la rotulación o edición de material sólo en castellano y la imposibilidad de utilizar el vascuence en dependencias y oficinas públicas.

Tras el estudio de las quejas, se han dictado 532 resoluciones, lo cual supone un descenso de 27 respecto a 2011. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor alcanza el 77,6%, lo cual significa que las Administraciones han aceptado las recomendaciones en 8 de cada 10 casos.

En cuanto a las consultas, han predominado también las vinculadas con asuntos sociales y, en particular, con la prestación de ayudas a personas sin recursos, principalmente sobre los requisitos para acceder a ayudas sociales y los plazos de concesión de la renta de inclusión social, “ante la demora en su reconocimiento o pago”.

Por otra parte, se han recibido 46 propuestas ciudadanas de mejora, la mayoría referidas a la custodia compartida, a la función pública y a la hacienda, estas últimas solicitando modificaciones normativas dirigidas a mejorar el trato fiscal a las personas con discapacidad en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, demanda luego recogida en la Ley Foral 21/2012.

Finalmente, del conjunto de la actividad desarrollada el año pasado a partir de quejas, consultas, actuaciones de oficio, propuestas de mejora e informes especiales se puede concluir que los ciudadanos solicitan cada vez más atención y protección de sus derechos, sobre todo los sociales.

“La gente quiere una solución efectiva a sus problemas, pero también que se les permita participar en la mejora de los servicios que prestan las Administraciones Públicas”, ha corroborado Javier Enériz.
 

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.