Un debate sobre la afección de la recesión en la gestión pública y/o privada de la sanidad ha abierto hoy Conversaciones Solasaldiak, un ciclo de mesas redondas organizado por la Cámara y la UPNA para, en el marco del convenio entre el Legislativo y la institución académica, analizar la idoneidad de las políticas encaminadas a hacer frente a los retos planteados por la crisis en los ámbitos de la salud, los servicios sociales, la educación y la cultura.

Coordinada por Ariadna García Prado, doctora en Economía y profesora del Departamento de Economía de la UPNA, esta primera conferencia ha contado con la participación de José Manuel Freire, jefe del Departamento de Salud Internacional y Director del Máster de Salud Pública Internacional del Instituto de Salud Carlos III; y Fidel Campoy, médico experto en gestión de servicios de salud y aseguramiento sanitario, con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado.

Ariadna García ha sido la encargada de introducir y contextualizar la conferencia inaugural, y lo ha hecho elucubrando en torno al origen de la “marea blanca que surge en Madrid, no sé si animada por un sentimiento más emocional que ideológico, al albur de un trasfondo técnico o a causa de la falta de trasparencia”.

Así, tras poner de relieve la magnitud y el alcance de la rebelión urdida por los profesionales sanitarios, Ariadna García ha cedido la palabra a José Manuel Freire, quien ha distinguido dos etapas. Hasta 2003, con Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid, la gestión sanitaria era, con los matices propios del PP, muy similar a la que se practicaba en otras zonas de España. Todo cambia con Esperanza Aguirre, que da entrada a consejeros que desconocen por completo el sector sanitario y afronta la construcción de seis hospitales bajo un modelo que reserva la parte clínica a lo público, cediendo la obra y el resto de servicios (a 30 años) a la concesionaria”.

“Tras el éxito inicial” de ese patrón, prosigue Freire, “el PP vuelve a ganar las elecciones y continua construyendo hospitales en los que los servicios clínicos, siguiendo ya en parte el modelo de Valencia, se ceden también al constructor, a razón de 600 euros por persona al año”.

Así estaban las cosas cuando, en plena crisis, Esperanza Aguirre dimite en septiembre de 2012 e Ignacio González, su sustituto, “lanza un conjunto de medidas que sublevan a ciudadanos y profesionales. Privatiza de golpe, entre otros, seis hospitales y 20 centros de salud, estallan las huelgas y surge un movimiento médico que inicia la batalla legal contra el Gobierno del PP de la mano del despacho de abogados de López Rodó (sufragado con una colecta), que con un recurso consigue paralizar el proceso de privatización de seis hospitales”.

Así las cosas, Freire entiende que lo más llamativo es “la incapacidad de la Administración para producir un solo informe susceptible de justificar las medidas, esto es lo que más ha indignado y cargado de razón al movimiento de protesta”.

Fidel Campoy, por su parte, ha calificado de “inmensa torpeza política” la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "A nadie se le ocurre concentrar tanto cambio y tan poco planificado en 15 días. Detrás de la protesta hay un descontento social vinculado a los recortes y posiblemente a la corrupción. Hay una parte real y otra emocional, pues creo que sobreestimamos los riesgos de privatización en sanidad. Es importante constatar que la movilización empieza cuando la bata blanca, que no cuestionó otros recortes, ve que la amenaza llega a su terreno”.

A decir de Campoy, el problema del sistema sanitario se circunscribe a “problemas de gestión. A nivel macro, el sistema está sometido a una limitación de recursos que contrasta con la tendencia al incremento del gasto. A nivel meso y micro, vivimos muy tranquilos mientras la sanidad producía déficits de entre el 10 y el 15 por cierto de su presupuesto. Eso, como se ha podido comprobar, desincentiva la gestión pública y reduce las posibilidades de ganar eficiencia”.

En ese contexto, Freire estima que la solución pasa por “ir a las causas. Hasta ahora se recortado en salarios y farmacia, y no es suficiente. No hay que engañarse, no caigamos en el paraíso de los tontos. El problema del sector sanitario no lo resuelve una sentencia judicial. Es un tema de eficacia, que la gestión sea pública o privada es otra cuestión”.

La conferencia ha contado con la asistencia de Alberto Catalán, Presidente del Parlamento, además de parlamentarios de diversos grupos.

Conversaciones-Solasaldiak pretende ser un diálogo abierto entre investigadores y expertos, a fin de reflexionar junto al público sobre cuestiones de actualidad. Bajo el epígrafe genérico de Redefinición del espacio público/privado, este año se cuenta con diferentes expertos que ofrecerán su visión y conocimiento en los ámbitos de la sanidad, los servicios sociales, la educación y la cultura.

El ciclo continuará en el mes de junio con la mesa redonda Servicios sociales. Tras la marea verde y concluirá, ya tras el período estival, con sendas sesiones sobre educación y cultura.