La Comisión de Economía, Hacienda, Industria y Empleo ha aprobado hoy el dictamen en relación con el proyecto de Ley Foral por el que se modifica parcialmente la Ley Foral General Tributaria 13/2000, de 14 de diciembre.

El proyecto de Ley impulsado por el Gobierno tiene por objeto fomenar el uso de la notificación electrónica en el ámbito tributario para, avanzando así en la promoción de las nuevas tecnologías en la Administración, conseguir una comunicación más “eficiente, rápida y directa”, siempre con las máximas garantías de “confidencialidad y autenticidad”.

Este nuevo servicio, a disposición de todos los contribuyentes interesados previa “solicitud o consentimiento expreso”, supondrá una reducción de los plazos de recepción de las notificaciones (de 15 a 10 días de media), además de una mayor seguridad jurídica y un ahorro directo de unos 22.000 euros al año (medio euro por notificación).

Sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse la obligatoriedad de practicar la notificación electrónica a los obligados tributarios que no tengan la consideración de persona física.

Inicialmente se incluía también a las personas físicas que, por razón de su “capacidad económica o técnica, por su dedicación profesional u otros motivos acreditables por la agencia Tributaria, tuvieran garantizado el acceso y la disponibilidad tecnológica precisa”. Estos, sin embargo, han quedado eximidos de la posibilidad de ser obligados a practicar la notificación electrónica gracias a una enmienda in voce de Socialistas de Navarra respaldada por UPN, Bildu, PP e I-E. Aralar-Nabai y los no adscritos se han abstenido.

A instancias de Bildu y por unanimidad, se ha establecido un plazo “no inferior a 10 días” para justificar la imposibilidad de efectuar la notificación por causas no imputables a la Administración, que debe intentarlo al menos dos veces en dicho intervalo.

También a propuesta de Bildu y a fin de evitar tener que “consultar hasta en cinco buzones diferentes”, se ha resuelto hacer constar que “las comunicaciones de cualquier otra Administración, ya sea estatal o autonómica, a los obligados tributarios con domicilio fiscal en Navarra deberán cursarse a través de la Administración Foral de Navarra”. La enmienda ha recabado el apoyo de socialistas, Aralar-Nabai, PP e I-E. UPN se ha posicionado en contra y los no adscritos se han abstenido.

En el transcurso del debate efectuado en comisión se han aprobado las tres enmiendas discutidas.

A la sesión, presidida, por Pedro Rascón (SN), han asistido, por el G.P. UPN, Carlos García Adanero, Sergio Sayas, Antonio Pérez Prados, Coro Gainza, Jesús Esparza y María Victoria Castillo; por el G.P. SN, Samuel Caro y Juan José Lizarbe; por el G.P. Aralar-Nabai, Juan Carlos Longás y Txentxo Jiménez; por el G.P. Bildu, Koldo Amezketa y Bikendi Barea; por el G.P. PPN, Ana Beltrán; por el G.P. Izquierda-Ezkerra, Txema Mauleón y por los no adscritos, Manu Ayerdi.