El Presidente del Parlamento, Alberto Catalán, ha recibido hoy en su despacho oficial a Francisco Javier Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra, quien le ha hecho entrega formal del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2014, que contempla 4.029 actuaciones, 1.583 más que en 2013, lo que supone un incremento de entorno al 30%.

La importante labor desplegada en 2014 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 115 sugerencias, 233 recomendaciones y 84 recordatorios de deberes legales (en total 432 decisiones). Todo ello fruto de los 11.494 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.223 consultas y presentar 2.742 quejas (han gestionado 1.045 expedientes), el 78,5% admitidas a trámite y el 74,6% fundadas. En el año de mayor número de quejas desde la puesta en marcha de la institución en 2001, se han practicado 631 investigaciones (736 en 2013).

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, memoria histórica, euskera, función pública, bienestar social, educación, sanidad, medio ambiente, hacienda, seguridad ciudadana y urbanismo.

Por lo que se refiere a la primera de las materias, memoria histórica, se presentaron 1.618 quejas relativas a la exposición Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. 1764-2014. Historia de 250 años de servicio a España, que se celebró en una sala del Ayuntamiento de Pamplona, y que estaba organizada por el Ministerio de Defensa, por entender que vulneraba la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura, la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, y la Ley Foral 24/2003, de 4 de abril, de Símbolos de Navarra.

En segundo lugar se sitúan las quejas referentes al euskera, entre las que destacan las 239 presentadas por vecinos de municipios pertenecientes a Basaburua (zona vascófona), por no haber establecido la Administración sanitaria como requisito el conocimiento preceptivo del euskera para un puesto de trabajo de enfermera en la zona básica de salud de Ultzama.

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a la función pública, referidas principalmente a la falta de reconocimiento y retribución de determinados complementos o ayudas o al desacuerdo con determinadas condiciones de las licencias retribuidas o de permisos. Gran parte de las quejas se presentaron por funcionarios docentes y por empleados del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

En cuarto término, se sitúan las quejas referentes a bienestar social, asuntos sociales o políticas sociales, en su mayoría vinculadas a la denegación de la Renta de Inclusión Social (RIS) o con su cuantía y con el embargo de la prestación por diferentes Administraciones públicas, a pesar del carácter “inembargable” que le otorgó el Parlamento de Navarra. Otras materias son las referentes a la protección e integración de personas con discapacidad y las alusivas a la protección de la infancia y la adolescencia.

En un quinto lugar se sitúan las quejas de educación, con especial mención a las relacionadas con las tarifas de las escuelas infantiles de algunos municipios, que difieren dependiendo de si se es vecino o no del mismo. Asimismo, se han presentado quejas relativas a la denegación de becas al estudio, el desacuerdo con determinado requisitos de las Becas Navarra-Prácticas Internacionales, o la falta de convocatoria de las Becas Navarra Master.

También se han seguido presentado quejas que tienen que ver con la inadmisión en el centro elegido por los padres como primera opción.

La sexta materia es la sanidad, donde siguen registrándose quejas relacionadas con las listas de espera, fundamentalmente en traumatología y oftalmología. Asimismo, constan varias quejas sobre el desacuerdo de pacientes con la atención clínica recibida y la falta de asistencia sanitaria inmediata.

En medio ambiente destacan las quejas relacionadas con los ruidos por actividades de diversa índole y las molestias que padecen algunos ciudadanos en sus domicilios por la contaminación acústica de bajeras de jóvenes y negocios de hostelería. También las hay ligadas a la protección de la fauna y la caza, y los residuos.

En octavo lugar figura hacienda, donde predominan las quejas referentes a los tributos, fundamentalmente sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entre las concernientes a los tributos locales, se han seguido presentado quejas relacionadas con el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y con el incremento de la Contribución Urbana de algún Ayuntamiento, tras la revisión de los valores catastrales.

La novena materia es seguridad ciudadana, concepto en el que se engloban las quejas de interior. Se han presentado varias relacionadas con actuaciones policiales concretas, problemas de la Administración penitenciaria y con juegos y espectáculos públicos. Otras censuran el maltrato animal que conllevan los espectáculos taurinos. Con un carácter más particular, se ha denunciado el riesgo que la exposición a festejos organizados supone para los menores de edad.

En urbanismo, destacan las sobre información urbanística, bien por falta de contestación de diferentes Ayuntamientos a las solicitudes que les formulan los ciudadanos, bien por la negativa a proporcionar dicha información amparándose erróneamente en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Otras ponen de manifiesto la inactividad de los Consistorios a la hora de adoptar medidas de protección de la legalidad ante los posibles incumplimientos de la normativa urbanística denunciados por los ciudadanos.

Tras el estudio de las quejas se han dictado 326 resoluciones, lo cual supone un descenso de 76 respecto a 2013. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor alcanza el 62,85% (casi 8 puntos menos que el año anterior), el año que mayor rechazos se han registrado.

En cuanto a las consultas, han predominado las de bienestar social, en concreto sobre ingreso y condiciones de estancia en centros y residencias, sobre ayudas a la tercera edad y pensiones asistenciales, sobre ayudas a la discapacidad y enfermedad mental y también sobre cuestiones de accesibilidad. En menores de edad, la mayoría se refirieron a supuestos de desprotección o a la disconformidad con el trato que reciben los menores ingresados en Centros de Observación y Acogida. Asimismo, se han presentado consultas relacionadas con la denegación de la Renta de la Inclusión Social, la disconformidad con las cuantías asignadas y el embargo de la misma.

El segundo grupo de consultas es el relativo a la sanidad, donde básicamente se presentaron consultas relacionadas con la demora en recibir atención sanitaria (listas de espera) y con el desacuerdo de la asistencia sanitaria dispensada y las posibilidades de iniciar reclamaciones por dicha asistencia.

También se han planteado numerosas consultas relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, el derecho a obtener una respuesta por escrito y en plazo establecido, el derecho a ser tratado adecuadamente por el personal al servicio de las Administraciones, etcétera.

Por otra parte, se han recibido 28 propuestas ciudadanas de mejora (son ya 281 desde que se puso en marcha esta iniciativa hace seis años), la mayoría referidas a hacienda, bienestar social, servicios públicos y garantías de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. De esas 28, la Administración ha aceptado directamente 6.

Finalmente, del conjunto de la actividad desarrollada el año pasado a partir de quejas, consultas, actuaciones de oficio, propuestas de mejora e informes especiales se puede concluir que los ciudadanos solicitan cada vez más atención, información y protección de sus derechos, sobre todo los sociales.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.