El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con el voto en contra de UPN y las abstenciones de SN, Bildu, Aralar-Nabai, PPN, I-E y no adscritos, el dictamen de conclusiones elaborado por la Comisión de Investigación constituida para esclarecer motivos y depurar responsabilidades en torno a la desaparición de la CAN.

Tampoco han prosperado los tres votos particulares mantenidos para su debate y votación en Pleno. El de Socialistas de Navarra, que no ha recabado ningún apoyo, ha decaído con los votos en contra de UPN, Bildu, Aralar-Nabai, PPN, I-E y no adscritos. El de Bildu y Aralar-Nabai, respaldado por I-E y los no adscritos, ha sido desechado con los votos en contra de UPN, SN y PPN. Y el de los no adscritos, sin más apoyo que el de I-E, ha sido rechazado con los votos en contra de UPN, SN y PPN y las abstenciones de Bildu y Aralar-Nabai.

El dictamen elevado a Pleno integraba prácticamente en su totalidad las aportaciones de UPN, Socialistas de Navarra, PPN e Izquierda-Ezkerra e incluía, a instancias Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, el compromiso de crear una nueva Comisión de Investigación en el siguiente período legislativo, voluntad que también suscribió SN y a la que se opuso UPN, con la abstención del PPN.

En lo que a las conclusiones respecta, UPN y Socialistas de Navarra coincidían en que la Comisión de Investigación ha servido para constatar que la transformación de la CAN de entidad de crédito a fundación bancaria es “consecuencia de la reestructuración promovida por la Unión Europea y encauzada por las autoridades estatales conforme a las modificaciones legales aprobadas por las Cortes Generales”.

A decir de ambos, la principal manifestación de esa radical remodelación es que únicamente dos de las 45 Cajas de Ahorro que había en España a principios de 2010 mantienen a día de hoy la condición de entidad de crédito.

UPN y Socialistas convenían también en que, frente a la desaparición de la mayoría de las Fundaciones de las Cajas, la Obra Social de la Fundación CAN no solo se mantiene, sino que “sigue estando entre las más potentes del sector tanto en términos absolutos como en términos per cápita”.

Del mismo modo, UPN y SN contraponían la rentabilidad obtenida por los preferentistas de Caja Navarra (superior al 50%) y Banca Cívica (superior al 60%) y los accionistas en la salida a Bolsa de esta última (17% similar a la de otros Bancos), a lo acontecido en otras entidades financieras cuya “transformación y rescate han supuesto en su conjunto más de 60.000 millones de euros a los ciudadanos”.

Hasta ahí las conclusiones de UPN. Socialistas de Navarra, sin embargo, avanzaba para, entre otros, censurar la “regulación unilateral” de la Fundación Caja Navarra efectuada por el Gobierno de UPN “desoyendo la voluntad del Parlamento de Navarra”, al considerar que “no es la adecuada en orden a la transparencia, gestión, conservación y promoción del legado de Caja Navarra”.

Por otra parte, SN señalaba que el Ejecutivo de UPN “no ha cumplido exhaustiva y eficazmente su labor de supervisión” sobre la CAN, lamenta la “clara falta de voluntad de colaborar que denota la no remisión o remisión parcial” de determinados documentos, y concluía que “la no tramitación de las comparecencias ha impedido examinar las responsabilidades políticas del Gobierno de UPN”. Esta última valoración es la única de sus aportaciones que quedó excluida del dictamen (se ha mantenido como voto particular), al haberse opuesto, UPN, Bildu y Aralar-Nabai. El resto fueron validadas en Comisión con el voto a favor de UPN, las abstenciones de PPN y no adscritos y los votos en contra de Bildu, Aralar-Nabai e I-E.

Las aportaciones de UPN al dictamen fueron aprobadas íntegramente con las abstenciones de SN y PPN y los votos en contra de Bildu, Aralar-Nabai, I-E y no adscritos.

Las reflexiones vertidas al dictamen por el G.P. PPN comenzaban defendiendo el papel del Parlamento, ya que, como “órgano de legítima representación del pueblo navarro, está obligado a investigar y delimitar responsabilidades políticas en torno a la desaparición de Caja Navarra como entidad financiera”.

En cuanto a la falta de control del Gobierno sobre la CAN, el PPN se apoyaba en el último informe de la Cámara de Comptos para confirmar la dejación de funciones del Ejecutivo “en un momento clave que coincidió con el proceso que condujo a la desaparición de la entidad”. Dicha dejación se hacía extensiva al Banco de España, que “tampoco ejerció en toda su extensión su labor de alta inspección sobre la actividad financiera de la entidad y a resultas de las inspecciones ejecutadas por el Gobierno de Navarra, inexistentes entre 1982 y 2011”.

En ese contexto, indicaba que “la falta de autorización del Gobierno de Navarra a la incorporación de Caja Navarra a Banca Cívica, la salida a Bolsa del nuevo grupo y la absorción por Caixa Bank contrasta con la participación del Ejecutivo Foral en la fusión entre la Caja de Ahorros de Navarra y la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona” en el año 2000.

Del mismo modo, se ponía de relieve la “nula colaboración de la Fundación Caja Navarra”, se reprobaba la “politización” de sus órganos de representación y se atribuía la imposibilidad de ejercer un control eficaz a la “instauración de un sistema de dietas y a la creación un órgano opaco (Comisión Permanente), también vinculado a cargos públicos”.

Finalmente, se tachaba de “muy negativa” la gestión del equipo directivo que se hizo cargo de Caja Navarra en 2002, hasta el punto de erigirse en “uno de los elementos decisivos para entender la posterior desaparición de la entidad”.

Las aportaciones del PPN al dictamen fueron aprobadas con el voto en contra de UPN y la abstención de SN. El resto a favor.

El G.P. Izquierda-Ezkerra, por su parte, tenía la “certeza de que con otra gestión y otras decisiones Caja Navarra podría haber sobrevivido a las crisis financieras de 2008 y 2011”. A su juicio, el origen de su desaparición estribaba en la “megalomanía de un proyecto faraónico que, creyendo que el ciclo de crecimiento y expansión iba a ser permanente, llevó al abandono del objeto fundacional de la CAN (desarrollo social y económico de Navarra) en aras a transformar una caja regional en una gran entidad financiera de ámbito estatal e incluso internacional”.

A decir de I-E, las “responsabilidades políticas del Gobierno de Navarra son evidentes, pues sin su conformidad el equipo directivo y gestor de la CAN no podría haber puesto un proceso de expansión tan irracional”, según se desprende del Informe de Comptos, cuyos datos en relación a los “costes del plan de expansión, prejubilaciones o equipo directivo” tacha de elocuentes.

Por último, I-E manifestaba que la Comisión de Investigación no ha podido cumplir con el objeto para el que se constituyó, en buena parte por la falta de información sobre la Fundación Caja Navarra, Caixa Bank, Banco de Espala o CNMV, a su entender “determinante”.

Las aportaciones de I-E al dictamen fueron aprobadas con el voto en contra de UPN y la abstención de SN. El resto a favor.

Las aportaciones de Bildu y Aralar-Nabai, por un lado, y las de los no adscritos, por otro, fueron excluidas del dictamen de conclusiones con el voto en contra de UPN y las abstenciones de SN y PPN. Ambas, sin embargo, se han mantenido como votos particulares para su debate y votación en Pleno.

En su escrito de conclusiones, Bildu y Aralar-Nabai resaltaban la “falta de voluntad” de la Fundación Caja Navarra a la hora de poner a disposición de la Comisión la información de que disponía y, por el contrario, realzaban el informe elaborado por la Cámara de Comptos a petición de ambos grupos, por tratarse del “único trabajo de análisis que se ha podido realizar y cuyos resultados han sido relevantes”.

Bildu y Aralar-Nabai imputaban al Gobierno de Navarra una “dejación absoluta de su función de inspección y protectorado”, pues, “siendo preceptiva, no se produjo su autorización para el proceso de fusión y constitución de Banca Cívica. La dejación alcanzaba a la Junta de Entidades Fundadoras, ya que del análisis de sus actas se desprende que nunca se llegó a realizar valoración, reflexión o debate alguno”.

Así, tras dejar patente que “tampoco se ha podido constatar que las dietas abonadas a los miembros del Gobierno entre 2000 y 2012 por participar en diferentes órganos de la CAN estuvieran justificadas”, se daba cuenta de la enorme pérdida de patrimonio materializada entre 2009 y 2012 (1003,532 millones) y se achacaba a la gestión del equipo directivo y no a la crisis, “el deterioro y posterior desaparición” de la CAN.

En ese terreno, se aludía a gastos infundados (Viálogos, viajes VIP para clientes de CAN, regalos exclusivos a miembros del Consejo de Administración), a operaciones económicas de difícil justificación, con “pérdidas de más de 4.000 millones según las estimaciones internas que nos consta tenía Banca Cívica”, y a desembolsos en personal con un “sobrecoste de más de 300 millones entre 2000 y 2012”. Eso sin contar el “expolio registrado en el patrimonio artístico de la entidad, en cuyo inventario, según una auditoría de 2011, faltan 745 piezas”.

Los no adscritos, por su parte, reconocían que no están en disposición de dar una “explicación completa y comprensible de por qué Caja Navarra decidió desaparecer como entidad financiera, ni de por qué su valor patrimonial y el de las acciones que se recibieron a cambio disminuyó en 1.000 millones, casi el 80% de su valor de partida a finales de 2009”.

Los no adscritos arguían que no han podido acceder a “información crucial”, la necesaria para desentrañar “qué perdidas obedecen a la entrada en Banca Cívica y qué pérdidas habría que haber asumido de continuar como Caja Navarra. La ciudadanía sigue teniendo pendiente una explicación clara y comprensible acerca de por qué nos quedamos sin Caja y por qué, en ese camino, perdimos 1.000 millones”.

De acuerdo con las normas aprobadas, el objeto de la Comisión ha sido la investigación para determinar cuáles han sido las decisiones tomadas por los responsables, Consejo de Administración y Directivos de Caja de Ahorros y Monte de piedad de Navarra, que han llevado a la situación actual por la que la Comunidad Foral de Navarra ha perdido, de facto, su más importante y necesario instrumento financiero autóctono, así como determinar las responsabilidades políticas dimanadas de todo el proceso y los abusos cometidos.

Las Comisiones de Investigación se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.

La Comisión de Investigación que ha presidido Sergio Sayas (G.P. UPN) ha estado integrada, además, por Carlos García Adanero (G.P. UPN), Santos Cerdán, Juan José Lizarbe (G.P. Socialistas de Navarra), Maiorga Ramirez, Koldo Amezketa (G.P. Bildu), Patxi Zabaleta, Xabi Lasa (G.P. Aralar-Nabai), Ana Beltrán y Amaya Zarranz (G.P. PPN), Txema Mauleón, Marisa de Simón (G.P. Izquierda-Ezkerra) y Manu Ayerdi (no adscrito).