La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional de Apoyo al periodista navarro Manuel Martorell Pérez, presentada por los Grupos Parlamentarios Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa y Podemos-Ahal Dugu y la A.P.F. Izquierda-Ezkerra.

Han votado a favor Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra; se han abstenido UPN, PSN y PP, partidarios, antes de aprobar la declaración, de recabar información.

La declaración dice lo siguiente:

“El Parlamento de Navarra acuerda:

-Remitir a la Embajada de los Estados Unidos y al Ministerio español de Asuntos Exteriores sendos escritos para informar que:

- Manuel Martorell ha colaborado en varias ocasiones con esta Cámara Foral a través de la Comisión Especial de Convivencia y Solidaridad Internacional siempre en defensa de la diversidad religiosa y cultural de Oriente Medio.

- Manuel Martorell ha intervenido de forma concreta en iniciativas para defender los derechos humanos en la República Islámica de Irán en junio de 2008 y marzo de 2011, la diversidad religiosa y cultural en Siria en marzo de 2014 y en septiembre de ese mismo año contra las campañas de limpieza religiosa y étnica llevadas a cabo por el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, de forma especial contra el secuestro y conversión en esclavas sexuales de las mujeres yezidis.

- La citada Comisión ha aprobado sendas declaraciones institucionales de acuerdo con estas iniciativas porque coincidían precisamente con el espíritu en defensa de los valores democráticos y de respeto a las minorías religiosas y étnicas.

-Dirigirse, en tanto que es representación de todos los habitantes de la Comunidad Foral de Navarra, a la Embajada de los Estados Unidos de América en España para que explique las razones concretas que han llevado al Departamento de Estado a acusar de tan grave crimen a este ciudadano navarro.

-Dirigirse al Ministerio español de Asuntos Exteriores para que responda positivamente al amparo solicitado por Manuel Martorell frente a lo que, indudablemente, supone una conculcación de derechos fundamentales de un ciudadano navarro por parte de un Gobierno extranjero”.