El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “suscribir un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, para formalizar un cauce fluido de información detallada de las sentencias dictadas en el orden social que reconozcan la contingencia profesional de un accidente o enfermedad de trabajadores y trabajadoras”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo Foral a “realizar un estudio estadístico de dichas sentencias, que identifique los sectores y empresas más afectados por las mismas, al objeto de llevar a cabo las actuaciones oportunas para la corrección de esas situaciones. Dicho estudio deberá realizarse con el apoyo del convenio de colaboración que se suscribirá con el Ministerio de Justicia o con otros medios que se puedan utilizar, dada la publicidad de todas las sentencias”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Gobierno de Navarra a que, “en colaboración con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, realice un estudio sobre los casos de pacientes atendidos por dicho servicio a los que las mutuas contratadas por las empresas en las que estas personas prestan sus servicios les han ofrecido adelantar pruebas, diagnósticos e intervenciones quirúrgicas para adelantar los plazos que ofrece el sistema sanitario público. Dicho estudio tendrá el objeto de establecer la relación que pudiera darse entre esta oferta realizada por las mutuas y una posible derivación indebida al sistema público”.

Asimismo, se conmina al Ejecutivo Foral a que, “a través del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, realice una campaña de formación a los médicos y médicas de Atención Primaria y Especialidades, para que colaboren en la identificación de pacientes que acuden al sistema sanitario público para el tratamiento de patologías que, a su juicio y bajo su criterio profesional, sean de origen laboral. Asimismo, para que se instruya a dichos facultativos y facultativas para que realicen con rigurosidad los correspondientes informes en los que presenten su opinión profesional sobre la contingencia, así como para que realicen los gestiones oportunas para que se inicien de oficio los procesos de reclamación pertinentes, acompañando a los pacientes en todo el proceso”.

Por último, se requiere al Gobierno de España para que “emplace al Instituto Nacional de la Seguridad Social a revisar los criterios de valoración de las contingencias profesionales, a la vista del elevado número de sentencias perdidas al respecto”.

La resolución ha prosperado con los votos a favor de Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E en su integridad, y de EH Bildu y PSN en todos los puntos menos en el cuarto, que se han abstenido. UPN ha votado a favor del punto uno y dos y en contra de los puntos tres, cuatro y cinco y el PP en contra de todo el texto.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Podemos-Ahal Dugu hace referencia a la “interminable sucesión de sentencias judiciales” que vienen reconociendo el carácter laboral de contingencias de incapacidad temporal inicialmente calificadas como comunes y, a ese respecto, denuncia la “masiva derivación al sistema sanitario público” de pacientes con patologías de claro origen profesional y pone en cuestión “la posterior repercusión a las Mutuas de los costes de atención médica que debieron haber asumido”.

Todo ello, según se subraya, “con la connivencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que “también sistemáticamente y de forma interesada” (el coste de las atenciones médicas prestadas corre en principio a cargo de las arcas forales), viene rechazando en vía administrativa las reclamaciones de trabajadores y trabajadoras en relación a la contingencia profesional de sus patologías.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 73, de 20-05-2016)