El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y las abstenciones de UPN y PPN, la toma en consideración de la proposición de Ley Foral por la que se adoptan medidas de apoyo en materia de vivienda.

La proposición de Ley Foral presentada por los G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y la A.P.F. Izquierda-Ezkerra tiene por objeto “hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada mediante el fomento del alquiler protegido y la rehabilitación en función de las necesidades de toda la ciudadanía.

La proposición de Ley, en cuya elaboración ha participado el Servicio de Vivienda del Departamento de Derechos Sociales, pretende modificar la actual legislación, con el fin de promover el derecho a una vivienda digna a todas las personas; impulsar el alquiler protegido a través de un descenso de los precios y la promoción de nueva vivienda; y facilitar otras actuaciones como la rehabilitación de edificios, flexibilizando los requisitos para acceder a ayudas o mejorando las subvenciones.

Otras medidas que se contemplan para “huir del modelo de la burbuja inmobiliaria” son estimular la promoción de nuevas viviendas a través de cooperativas, regular una nueva fórmula de tenencia como es la cesión en uso, favorecer la participación pública en el diseño de las políticas de vivienda y mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

En cuanto al fomento del alquiler protegido, la proposición de Ley prevé un descenso de las rentas de entre un 8,05% y un 14,67% respecto a los precios de 2015. Estas cuantías, que estarán congeladas durante 2017, se actualizarían conforme al IPC.

Así, el precio inicial máximo de renta aplicable a los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas protegidas sería en la Comarca de Pamplona de 5,40 euros el m2 útil de vivienda, de 60 euros para la totalidad de la superficie de garaje y de 2 euros el m2 útil de trastero y resto de anejos. En el resto de localidades navarras, el precio máximo de alquiler sería de 5,10 el m2 útil de vivienda, no estableciéndose variaciones para garaje y trasteros.

Igualmente, se establecen subvenciones de entre un 23 y un 30% para la promoción de viviendas nuevas en alquiler protegido, y se prevén subvenciones del 50% para las entidades locales que rehabiliten sus viviendas vacías para destinarlas al alquiler.

El texto establece también obligaciones para los arrendadores de vivienda protegida sobre la información que deben proporcionar a los y las inquilinas de los gastos de comunidad o similares. Del mismo modo, se contempla que una vivienda pueda continuar siendo destinada al alquiler protegido aun cuando haya concluido el plazo de protección para el que fue calificada.

Con el conjunto de actuaciones que se proyectan al amparo de esta Ley y del nuevo Programa de Vivienda, se calcula que en los próximos cinco años se puede ampliar en 1.600 viviendas el parque de alquiler protegido.

La proposición de Ley proyecta, a su vez, dar un impulso a la rehabilitación protegida de edificios y viviendas, incrementando las ayudas destinadas al efecto entre un 5% y un 40%, según los casos. Asimismo, se prevé suprimir el requisito de no disponer de otra vivienda para acceder a las ayudas por rehabilitación y mejorar las cuantías de las ayudas.

También se plantea mejorar las subvenciones dirigidas a determinados colectivos como mayores de 65 años y jóvenes, además de personas con discapacidad motriz grave, familias numerosas, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo.

Igualmente, la proposición de Ley busca disminuir la cantidad mínima que se debe gastar en las obras para que puedan ser subvencionables, y establecer una línea de ayudas específicas para dotar de condiciones adecuadas a los inmuebles adquiridos bajo el Programa de Vivienda de Integración Social o que sean propiedad de familias perceptoras de la renta de inclusión social.

Además, se prevén otras modificaciones como ampliar a 120 metros cuadrados la superficie máxima de las viviendas rehabilitadas que se creen por adición o división de las existentes.

Por otro lado, la proposición de ley contempla la constitución de cooperativas de personas empadronadas en un municipio durante al menos el último año para promover viviendas protegidas, que no serían adjudicadas a través del censo único de solicitantes, siempre que se construyan en localidades de menos de 10.000 habitantes (hasta ahora en localidades de menos de 3.000 vecinos) situadas fuera de la Comarca de Pamplona.

Otra novedad es la promoción de viviendas de protección oficial por asociaciones sin ánimo de lucro en régimen de cesión de uso. La propiedad del inmueble recaería de modo indefinido en la asociación y sus personas asociadas tendrían un derecho de uso indefinido, transmisible en caso de fallecimiento. Sería necesario aportar una cuota de entrada y pagar un canon mensual. La duración del régimen de protección será indefinida y tampoco será necesaria la adjudicación de las viviendas a través del censo único.

En otro orden de cosas, la proposición dispone la elaboración, con participación pública, de un Plan de Vivienda de Navarra y la creación del Consejo de la Vivienda de Navarra, un órgano consultivo en el que tomarán parte las principales empresas y asociaciones del sector.

Finalmente, la proposición establece una serie de medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, tales como otorgar más puntos en el baremo a las personas que han sufrido desahucios o la posibilidad de ceder viviendas a entidades locales o sin ánimo de lucro para atender las necesidades que puedan surgir.

Según se estipula, los años de empadronamiento en un municipio ya no puntuarán a la hora de aspirar a la adjudicación de una vivienda de protección, ya sea en régimen de alquiler como de compra. Se esgrime que el derecho a la vivienda debe ser garantizado con independencia de los años que se lleve residiendo en un determinado lugar, ya que todas las personas empadronadas en Navarra deben ser tratadas en términos de igualdad.

A tenor de la previsión de actuaciones subvencionables, se calcula que el impacto económico de esta Ley rondará los 10,3 millones de euros anuales entre 2017 y 2019, lo que supone más de 31 millones para todo el periodo.

En términos de trabajo, se barajan unos 500 empleos anuales ligados a la promoción de vivienda nueva y hasta otros 1.300 vinculados a obras de rehabilitación.
Tras su toma en consideración, la proposición de Ley Foral por la que se adoptan medidas de apoyo en materia de vivienda será dictaminada en Comisión, antes de ser elevada a Pleno para su definitivo debate y votación.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación del Proyecto de Ley Foral (BOPN, nº 100, de 07-09-2016)