El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y las abstenciones de UPN, Geroa Bai y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “establecer una estrategia de asistencia psicosocial que incluya la prevención y la reducción de daños y la protección de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, con independencia de su lugar de residencia. Todo ello coordinando los servicios sanitarios con los servicios sociales de base, a fin de realizar una intervención multidisciplinar que, ante los casos detectados, incorpore la atención jurídica, social y psicológica necesaria”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a “crear un protocolo de atención psicosocial a personas víctimas de procesos de desahucio, de forma que se dote de instrumentos a los y las profesionales sanitarios –especialmente aquellos de atención primaria– para actuar ante estos casos”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra a “garantizar que, en cuanto sea detectada una situación de riesgo o urgencia social de familias con menores a cargo, se ponga en conocimiento urgente de los servicios sociales dependientes de las entidades locales, a fin de realizar la oportuna intervención integral, mediante un programa de atención específico para estos menores afectados por los problemas de desahucios en sus familias”.

Asimismo, se conmina al Ejecutivo Foral a “poner en marcha un programa de vigilancia en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, diseñado por el Departamento de Salud y en coordinación con los servicios sociales y de vivienda de las entidades locales, para detectar a las personas en situación de riesgo para su salud y analizar la casuística específica en Navarra, los efectos en su salud y bienestar, organizar y adecuar los programas de prevención y conocer los costes humanos, sanitarios y sociales derivados de los procesos de desahucio, de forma que sus resultados se puedan tener en cuenta a la hora de planificar intervenciones en las políticas públicas de las áreas de Salud, Servicios Sociales, Vivienda y demás que pudieran resultar afectadas”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la G.P Podemos-Ahal Dugu y enmendada por PSN, se remite a los estudios realizados en varios países, también en España, en los que se demuestra que “un 68,4% de las personas inmersas en procesos de desahucio presenta todas las características del estrés postraumático, incluido el riesgo de suicidio, que aumenta más de cuatro veces entre las personas afectadas.”

Dicho estrés, que afecta a quienes han pasado por alguna experiencia vital de “extrema gravedad”, acarrea “consecuencias duraderas sobre la salud física y mental, no en vano solo el 39% logra saldar la deuda con las entidades bancarias, mientras que el resto entra en una dinámica de endeudamiento crónico que lastra el desarrollo de toda su vida”.

Así, tras poner de relieve que “en Navarra se ha registrado un aumento del 32% de esos procesos en 2015” (en España 448.000 desahucios entre 2008 y 2015), se censura el hecho de que “el sistema sanitario público, a pesar de la gravedad de esta situación, no ha puesto en marcha mecanismos para detectar y atender las necesidades sanitarias de este sector de la población”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 88, de 17-06-2016)