El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de SN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, la abstención de UPN y el voto en contra del PPN, la Ley Foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

La Ley Foral presentada por el G.P. Izquierda-Ezkerra tiene por objeto “recuperar, reconocer y rehabilitar la memoria histórica” de los represaliados a partir de los hechos que dieron lugar a la implantación de la dictadura, a través de una serie de actuaciones a desarrollar en colaboración con “ayuntamientos, entidades académicas y asociaciones de familiares de fusilados y de Memoria histórica”.

Entre las medidas de reconocimiento “público permanente” a impulsar desde el Gobierno de Navarra se incluyen la celebración anual de un acto institucional dedicado a la memoria de los presos encarcelados en el Penal del Fuerte San Cristóbal; la inauguración del Parque de la Memoria de Sartaguda, al que se otorga el máximo nivel de protección, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley; y la instalación (en tres meses) de sendas placas bilingües en la fachada de Diputación y en el Atrio del Parlamento, con la relación de los funcionarios, personal y cargos electos asesinados como consecuencia de la sublevación militar.

A modo de “homenaje” a los navarros recluidos en campos de concentración europeos debido a su lucha “contra el fascismo y la libertad tras el golpe de estado franquista y durante la II Guerra Mundial”, en el plazo máximo de un año se colocará también una placa en cada uno de los internados donde haya habido presencia navarra.

Además, se promoverá la anulación de todas las “distinciones, nombramientos, títulos, honores y demás formas de exaltación de personas vinculadas al régimen franquista”. Las administraciones públicas de Navarra dispondrán de un año para expedir las correspondientes certificaciones, que posteriormente remitirán al Gobierno de España.

En ese contexto y con el ánimo de “deslegitimar definitivamente” los instrumentos jurídicos del franquismo, el Gobierno de Navarra solicitará al Estado la nulidad de todos los juicios que, por “motivos políticos vinculados a la República, a la Guerra Civil o a la defensa de la democracia”, llevaron a cabo tribunales militares o civiles, incluida la cancelación de los fallos emitidos por Consejos de guerra, tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la Masonería y el Comunismo, y Tribunal de Orden Público (TOP).

En otro orden de cosas, la Ley pretende que la Administración “asuma” la tarea de búsqueda, así como la elaboración de un censo “riguroso” de desaparecidos, de modo que se “garantice a las familias el derecho a conocer dónde están sus allegados, dado que hay más de mil asesinados en paradero desconocido”.

La elaboración de dicho inventario, constituido en registro administrativo de carácter público, correrá a cargo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Navarra. De cara a facilitar una investigación administrativa lo más “rigurosa y transparente” posible, se advierte que cualquier persona que descubra restos susceptibles de pertenecer a desaparecidos durante la guerra civil o la dictadura debe comunicarlo “inmediatamente” a la Administración Foral.

En ese afán de ir “esclareciendo” las desapariciones, se ordena la creación de un Banco de ADN que, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, se encargará de conservar las muestras de restos óseos procedentes de las exhumaciones realizadas en la Comunidad Foral. Cualquier familiar podrá solicitar que le sean tomadas muestras para, en el plazo de tres meses desde su requerimiento, secuenciar y comparar su ADN con los datos almacenados en dicho Banco.

La norma, abierta a “modificar, ampliar o mejorar” el protocolo de exhumaciones vigente desde noviembre de 2011, apuesta por “mantener y actualizar” el mapa de fosas elaborado por Tracasa (documenta a 1.257 personas en 118 fosas y recoge otros 102 lugares), para lo cual la Administración “dispondrá la correspondiente partida en los Presupuestos Generales”.

En todo caso, "se habilitarán los instrumentos necesarios para realizar un correcto acompañamiento psicológico a los familiares durante el proceso de localización y, en su caso, exhumación de los restos, de acuerdo con lo establecido al efecto en el protocolo de exhumaciones".

Las cinco enmiendas in voce que, suscritas por UPN, SN, Bildu, I-E y los no adscritos y alusivas al mapa de fosas y al protocolo de exhumaciones vigentes en Navarra con anterioridad a la aprobación de esta Ley, han sido aprobadas con la abstención de PPN.

La Ley dispone, además, la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Navarra, una serie de enclaves “reconocidos, preservados y con los gastos de mantenimiento a cargo del Gobierno”, tales como “fosas, lugares de detención, obras públicas realizadas por esclavos o espacios destacados en los sucesos de aquella época”. La declaración corresponderá al Ejecutivo, a propuesta vinculante de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, un órgano en el que, amén del Parlamento y las Administraciones Públicas, estarán representadas diversas entidades y asociaciones relacionadas con la materia.

Por último y en aras a “mejorar la calidad democrática de nuestro sistema institucional”, la Ley significa que Navarra “procurará la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidad sobre crímenes contra la Humanidad”.

Está Ley, según se atestigua, responde a lo manifestado en la Declaración del Parlamento de Navarra en pro del reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936 (10-3-2003), “primer intento institucional por reconocer y subrayar los derechos de las víctimas del franquismo”; a lo concretado en la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil; y a lo manifestado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en París el 17 de marzo de 2006, donde se denunciaron las “graves violaciones de los derechos humanos” cometidas en España entre los años 1936 y 1975.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación del Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 44, de 29-04-2013)
• Publicación de las enmiendas (BOPN, nº 107, de 24-09-2013)